Desde hace más de un año, Jesús David Castro Buenaños recorre las calles de Riosucio, Chocó. Tiene poco más de veinte años de edad, duerme donde puede y sobrevive gracias a trabajos esporádicos y a la solidaridad de algunos habitantes. Aunque quienes lo conocen destacan que no es una persona agresiva, su comportamiento evidencia señales claras de un posible trastorno mental que, hasta hoy, no ha recibido atención profesional.
Jesús dice tener a su madre en Apartadó y familiares en Brisas, pero vive solo, expuesto al abandono y a la indiferencia. Su historia, sin embargo, no es única. Es solo un reflejo de una problemática mucho más profunda que afecta a varios jóvenes del municipio —algunos en condiciones aún más difíciles— y que hasta ahora no ha sido abordada con la urgencia que merece.
La presencia constante de personas con posibles trastornos mentales no diagnosticados ni tratados, pone en evidencia una falla estructural en la atención integral en salud mental. No se trata únicamente de una necesidad médica, sino de una obligación ética y social: brindar atención oportuna, acompañamiento psicológico y alternativas reales de inclusión.
La salud mental afecta directamente la calidad de vida, la capacidad de trabajar, estudiar, convivir y desarrollarse. Entre los trastornos más frecuentes están la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y las adicciones. Muchos de estos pueden tratarse con un diagnóstico temprano y un entorno que ofrezca apoyo constante.
Hoy, Jesús David es un rostro visible de una crisis que permanece en silencio. Pero detrás de él hay más jóvenes, muchos de ellos hijos del municipio de Riosucio, atrapados en la soledad, el estigma y la desatención institucional. Por eso, este no debe ser visto como un caso aislado, sino como un llamado urgente a actuar.
Las autoridades de salud, el gobierno municipal y departamental, y la sociedad civil deben asumir un compromiso real con la salud mental. Es necesario construir rutas claras de atención, habilitar espacios de cuidado, y crear redes de apoyo comunitario que eviten que estos jóvenes sean condenados al olvido.
Reconocer su dignidad y actuar con prontitud no solo es una obligación del Estado, es también una muestra de humanidad. Porque Riosucio no puede seguir siendo testigo silencioso de una crisis que se agrava cada día. La salud mental no puede seguir siendo invisible.
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