La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha confirmado que mantendrá abierta la investigación contra el exrepresentante a la Cámara por la circunscripción afrodescendiente, Jhon Arley Murillo Benítez, por presuntos delitos de fraude y corrupción. A pesar de que, por el momento, no se ha impuesto medida de aseguramiento preventiva contra Murillo, la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal ha encontrado méritos suficientes para continuar con las indagaciones.
Las acusaciones contra Murillo, quien también se desempeñó como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Valle del Cauca entre 2008 y 2016, incluyen fraude procesal, falsedad en documento privado, constreñimiento y corrupción al sufragante. La investigación, que se inició formalmente en septiembre del año pasado, surgió a raíz de una denuncia que señalaba irregularidades durante su gestión en el ICBF y presuntas acciones ilícitas continuadas después de su salida del cargo.
Según la denuncia, Murillo Benítez habría exigido dinero a contratistas y empleados de la regional del ICBF, y se le acusa de haber influido en la compra de suministros de alimentos a dos empresas con las que, presuntamente, tenía control indirecto. Además, se investiga si Murillo ejerció presiones no solo para obtener beneficios económicos, sino también para apoyar sus aspiraciones políticas.
La Corte Suprema está investigando específicamente las acusaciones sobre un presunto reporte irregular de ingresos y gastos presentado por Murillo al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 11 de mayo de 2018 para su campaña a la Cámara de Representantes. Este caso pone en relieve los esfuerzos continuos de las autoridades judiciales colombianas para abordar y sancionar las prácticas de corrupción y fraude, especialmente en las esferas de la política y la administración pública.
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