En una acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo Regional Urabá, se emitió la Sentencia No154 el pasado 11 de octubre de 2022, donde se declaraba que la Gobernación del Chocó, la Alcaldía Municipal de Riosucio y la Secretaría de Salud Departamental habían violado los derechos e intereses colectivos de las comunidades indígenas ubicadas en las cuencas del municipio de Riosucio, departamento del Chocó.
La sentencia ordenaba a las autoridades correspondientes tomar medidas para garantizar el acceso al sistema de salud en condiciones adecuadas y con un enfoque étnico y diferencial. También se exigía la creación de un plan de atención y asistencia en caso de emergencias de salud, la construcción de tres centros de salud de primer nivel y la provisión de personal capacitado en enfoque diferencial y étnico, así como la entrega de una ambulancia equipada para cada comunidad indígena de Riosucio.
Sin embargo, las comunidades indígenas del municipio de Riosucio denuncian que las autoridades no han cumplido con lo establecido en la sentencia. Alegan que no se han realizado las acciones necesarias para conjurar los problemas que afectan su derecho al acceso a la salud, como la falta de brigadas de salud y visitas médicas constantes, la ausencia de infraestructura adecuada en las zonas rurales, la dificultad de acceso al centro de salud en la cabecera municipal y la falta de entrega de medicamentos completos.
Además, señalan que las EPS no hacen presencia permanente en las comunidades y que el personal médico no tiene un enfoque étnico que les permita comprender su lenguaje y costumbres. Esta situación ha llevado a graves consecuencias, como epidemias y la muerte de niños por enfermedades prevenibles.
Ante esta denuncia, las comunidades indígenas exigen el cumplimiento de la sentencia y que se tomen las medidas necesarias para garantizar su derecho a la salud en condiciones dignas y adecuadas a sus realidades habitacionales y culturales.
La falta de cumplimiento de la sentencia pone en riesgo la salud y el bienestar de las comunidades indígenas de Riosucio, quienes luchan por preservar su patrimonio cultural y recibir una atención médica adecuada y oportuna. Las autoridades correspondientes deben tomar acciones inmediatas para solucionar esta situación y garantizar el acceso a la salud de estas comunidades.
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