Después de la jornada anticorrupción realizada el pasado 3 de marzo en Quibdó, la Fiscalía General de la Nación entrega los primeros resultados de los casos que se priorizaron en la estrategia Bolsillos de Cristal.
Hospital de Tadó
Se trata de la presunta apropiación de ciento un millones de pesos ($101.000.000), provenientes de recursos de copagos de pacientes del Hospital San José de Tadó por parte de directivos de la entidad, entre ellos el gerente y los pagadores, durante los años 2012, 2013 y 2014.
Al parecer, los funcionarios utilizaron facturas falsas para justificar la ausencia de los recursos.
En este caso, la Fiscalía investiga a los indiciados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
El pasado 14 de junio fueron capturados Ana Leidy Copete Armijo, exgerente del hospital; Marisol Ledezma González, Yocira Lozano Mosquera, Yair Perea Gómez y Anyi Jhojana Moreno Murillo, pagadores del hospital.
El Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Tadó impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de la gerente del hospital, Ana Leidy Copete Armijo, y medida de detención domiciliaria en contra de Yair Perea Gómez y Anyi Jhojana Moreno Murillo, pagadores.
Pensión de gracia para maestros
En otro de los casos de corrupción priorizados, la Fiscalía General de la Nación investiga a un grupo de maestros que, a través de un apoderado judicial, habrían utilizado documentos públicos falsos para hacerse reconocer el pago de pensión gracia vitalicia por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), que alcanzó a pagarles aproximadamente novecientos millones de pesos ($900.000.000).
El pasado 16 de junio fueron capturados los profesores Raquel Machado Vivas, Fresys Alberto Martínez Perea, Cruz Elena Murillo Hurtado y Edgar Ramiro Mosquera Tovar.
En audiencias concentradas ante el Juzgado Primero Penal Ambulante de garantías se les imputaron a esos profesores los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público. El juzgado les impuso medida de aseguramiento, consistente en prohibición para salir del país.
Pensiones Nóvita
En un proceso relacionado con irregularidades en pensiones de maestros, la Fiscalía capturó a Jorge Eliécer Rentería Terán, ex secretario de Gobierno del municipio de Nóvita, a quien se le imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento pública y falsedad material en documento público. Igualmente, se le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
En este proceso se logró un preacuerdo, cuya verificación está prevista para el próximo 22 de agosto, cuando un juez de conocimiento deberá avalar los términos del mismo.
Adicionalmente, dos de los imputados, Franklin Copete y Heildelger Alexander López (abogados), fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, uso de documento público falso, estafa agravada y fraude procesal. Los dos abogados se allanaron a cargos y la respectiva audiencia de verificación se realizará en los próximos días.
Finalmente para mediados del mes de julio se realizará ampliación de imputación contra los tres procesados, por hechos sucedidos en el municipio de Istmina, también relacionado con pensiones gracia.
Universidad Tecnológica del Chocó
En otro caso que tiene que ver con la educación, la Fiscalía investiga una red de falsificación y montaje de calificaciones, monografías y actas de grado en la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, que habría operado entre 2014 y 2015.
Debido a la actuación de esa red, en la que estarían comprometidos directivos y exdirectivos de la Universidad Tecnológica del Chocó, se expidieron más de cien títulos falsos de abogados.
La Fiscalía imputó a ocho personas por los delitos de cohecho, falsedad material, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Igualmente, el pasado 27 de junio fueron capturadas las siguientes personas:
Jhon Mario Díaz Cañadas, abogado litigante; Caleth Leudo Palacios, contratista de Aguas del Chocó; Jorge Yair Córdoba Perea, abogado litigante; Elizabeth Quejada Mayo, juez de control de garantías de Quibdó y docente de dicha Universidad; Yarbin Seyder Conto López, defensor público y docente de la Universidad; Diego Luis Córdoba; Maira Yulenny Córdoba Martínez, abogada litigante; Rinson Vivas Martínez, abogado litigante; David Humberto Moreno Cuesta, empleado de la Secretaría de Salud Departamental; José Aristídes Herrera Mena, administrador de una estación de servicios; Tatiana Moreno Córdoba, abogada litigante; Brilly Yaneth Moreno Mena, abogada litigante, y Yeseli Montenegro Cuesta, egresada no titulada.
Finalmente, es necesario destacar que fueron expedidas 38 órdenes de captura, que se harán efectivas progresivamente en los próximos días.
Predial indígena
De otra parte, la Fiscalía comenzó a investigar presuntos actos de corrupción relacionados con la destinación de dos mil ciento noventa millones de pesos ($2.190’000.000) percibidos por el predial indígena en el municipio de Bagadó.
Esos dineros habrían sido apropiados de manera irregular por parte de funcionarios de la administración municipal de Bagadó, mediante convenios de pago y procesos ejecutivos falsos.
La Fiscalía pudo establecer que los dineros del predial indígena se destinaron a pagar irregularmente procesos ejecutivos laborales, respaldados por resoluciones fraudulentas, sin números y fechas visibles, y sin registro presupuestal.
Esos pagos irregulares habrían favorecido a familiares y amigos de la administración municipal.
El pasado 15 de junio, la Fiscalía obtuvo ocho órdenes de captura que se realizarán en los próximos días.
Una vez se realicen esas capturas, la Fiscalía les imputará los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros en concurso con falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Desarticulada banda criminal Los Calvos
Se investiga la presunta extorsión de la que fue víctima la empresa Red de Servicios de Occidente S.A., la cual corresponde a la unión de los establecimientos Gana y Supergiros, durante el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2015 al mes de marzo de 2017, en el que la banda delincuencial autodenominada Los Calvos, a través de llamadas vía celular exigió a dicha empresa la suma de cincuenta millones de pesos ($50’000.000) y una cuota mensual de tres millones de pesos ($ 3’000.000), para poder ejercer la actividad comercial que desarrollan en el municipio de Quibdó, utilizando como medios intimidatorios la realización de disparos a las instalaciones donde funcionaban algunos puntos de la empresa en mención en la ciudad de Quibdó, resultando lesionadas algunas empleadas. La empresa se vio avocada a cumplir con las exigencias económicas.
El 22 de junio del año en curso fueron capturadas, imputadas y cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, las siguientes personas:
Carlos Andrés Rodríguez Rivas, Judith Arelice Iriarte Martínez, Carmen Julia Uparela Manchego, Leidy Johana Pérez Osorio, Guillermo Dumaza Chamy, Janny Amparo Sáenz Fernández, José Miguel Moreno Chaverra, María Luisa Palomeque Murillo, Wilson Bonilla Robledo, Yan Carlos Simanca Torres y Harold Valois Córdoba.
Importantes operativos en contra de la minería ilegal
Dentro de los compromisos asumidos por la Fiscalía General de la Nación frente a la problemática generada por la explotación ilícita de yacimientos Mineros en el departamento de Chocó, en concreto el oro, se ejecutó el 21 de junio último, una operación conjunta con la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, sobre las cuencas hidrográficas de los ríos Atrato y Quito.
En desarrollo de esta operación y en el marco de las facultades legales, se destruyeron dieciséis (16) dragas y siete (7) excavadoras, destinadas para actividades de minería ilegal en ese departamento.
Se prepara escrito de acusación contra exgobernador de Chocó
El 11 de mayo pasado un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Efrén Palacios Serna, exgobernador del departamento de Chocó, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades cometidas por Palacios, que suman mil novecientos cincuenta millones de pesos ($1.950’000.000), y que tienen que ver con contratos en el sector salud, específicamente con la constitución de la red de prestadoras del servicio IPS del departamento.
En los próximos días será presentado escrito de acusación contra el ex gobernador Palacios, quien ocupó el cargo entre los años 2012 y 2015.
Consolidado de resultados:
En total hasta el momento han sido judicializadas cuarenta y cinco (45) personas y en los próximos días serán procesadas otras cincuenta (50).
