Más de 100 hogares Emberá asentados en Bogotá retornaron a su resguardo en el Chocó, amparados por los 103 compromisos del Gobierno de mejorar sus condiciones de vida. Esta semana, en una visita de 10 días, la Unidad de Víctimas volverá al territorio, con Invías y el Ministerio de Agricultura, para avanzar en acciones que solucionen la negligencia estatal histórica que han vivido.
En medio de la Cordillera Occidental, en lo más recóndito del bosque húmedo que une a Risaralda con Chocó, más de 100 familias Emberá se reencontraron con sus comunidades ubicadas en el Alto Andágueda, de donde salieron meses atrás. Después de 12 horas de viajar por tierra desde Bogotá, y luego de atravesar un camino cuyas precarias vías se las van tragando las montañas y los derrumbes, cerca de 250 indígenas regresaron al territorio que durante años los ha visto desplazarse masiva y forzosamente a ciudades capitales por los estragos de la minería, el conflicto armado y la negligencia del Estado a la hora de instalar servicios públicos básicos en el resguardo.
La escuela intercultural Dokabú les dio la bienvenida el pasado 28 de febrero, cuando llegaron acompañados por la Unidad para las Víctimas. Allí esperaron, hicieron filas, recibieron kits alimentarios, doblaron tejas de zinc que les fueron entregadas y empacaron todo esto en chochos, como se les conoce en la región a los mototaxis, los pocos vehículos que logran subir la trocha empinada e insegura que conecta a Pueblo Rico (Risaralda) con Bagadó (Chocó), para llegar al Alto Andágueda.
La Unidad de Víctimas proporcionó las ayudas humanitarias y está al frente de algo que es quizá más importante para detener los desplazamientos Emberá: coordinar y revisar que las entidades públicas avancen en el cumplimiento de los 103 compromisos que se adquirieron a finales de 2022 con los indígenas del Andágueda, para empezar a corregir la negligencia estatal que ha sido histórica y que ha impedido que prosperen los proyectos para una vida digna y estable en el territorio.
Las indígenas retornadas tienen muy claros los compromisos acordados pues son una de las razones principales de su decisión de regresar a las montañas y soñar con que el futuro sí es posible para ellas y sus hijos. Así lo explica Miriam Estevez Bainama:
“Me fui del Andágueda por problemas de seguridad. Duré en Bogotá seis meses, pero no me amañé. La comida que daban no alcanzaba para todas las familias, había hambre y frío, y tocaba pedir limosna. Las indígenas que volvimos queremos participar y aportar en los acuerdos, pero si el Gobierno cumple con los compromisos de proyectos productivos. Para sobrevivir necesitamos semillas de primitivo, yuca, ñame”.
Aunque las Emberá son las que mayoritariamente realizan labores de cuidado. En esta ocasión, más de la mitad de las personas que regresaron al Chocó eran niños, muchos de los cuales llegaron con afectaciones respiratorias evidentes, pues en el bus la tos se convertía en coro. Son las mujeres las que cuidan de ellos. También son quienes trabajan en agricultura, haciendo artesanías y preparando alimentos; sin embargo, la organización social al interior de su gobierno propio y la barrera del idioma, de cara al Gobierno Nacional, les ha impedido involucrar sus voces en los acuerdos contemplados con las entidades. Para Olga Batesa Arce y Alba Lucía Arias es urgente romper con estos impedimentos culturales, porque ellas también quieren ver que los acuerdos las cobijen para que los retornos sean sostenibles en el tiempo.
Para Olga, desplazarse a Bogotá era una forma de solucionar su falta de vivienda. “Me fui porque se me quemó toda mi casa, las ollas, los platos y hasta las cucharas. Quedé sin nada”, dijo. Se fue a la ciudad como se han ido miles de Emberá, pues la falta de vivienda digna es una de las quejas más recurrentes por parte de este pueblo. Durante el retorno, insistió que es partera, pero no pagan por su oficio, y que es viuda hace muchos años, algo que le pone límites al interior de su comunidad.
Alba Lucía también es partera, pero su caso es un poco distinto. Bajó del Alto Andágueda a la escuela Dokabú, en Pueblo Rico, para recibir a su hermana que volvió después de tres meses de estar en Bogotá. “Se fue porque en su comunidad también necesitan vivienda y el esposo a ella la abandonó. Ella dijo que no se amañó allá porque sufrió de frío y hay zancudos que pican mucho. Nosotras no queremos que se vaya más gente para Bogotá, pero el Gobierno no cumple, el cabildo tampoco gestiona. Nosotras queremos trabajar la tierra, también continuar como parteras, pero nos deben tener en cuenta. Las mujeres tenemos que participar en esto”, aseveró.
Si bien este es el séptimo retorno que lidera la Unidad desde 2021, lo cierto es que han sido más de 12 intentos de retornos voluntarios a lo largo de una década, pero el fenómeno de desplazamiento no ha parado. Entre otras cosas, esto tiene que ver con los servicios básicos que nunca llegaron al resguardo. Según el DANE, el 70% de la población del resguardo tiene necesidades básicas insatisfechas, pocas vías de acceso y por ende restricción de varios derechos. Por ejemplo, la ausencia de una infraestructura vial que conecte al resguardo con otros municipios es un obstáculo para acceder a la movilidad segura y atención oportuna en salud.
El Alto Andágueda también carga con un largo historial de ataques por parte de todos los actores armados. Así lo dijo la Comisión de la Verdad, con información consolidada por la Unidad para las Víctimas: “Los constantes bombardeos, aterrizajes de helicópteros e instalaciones de campamentos que perturban desde hace más de cuarenta años la cotidianidad del pueblo Emberá Katío, no solo han expulsado a los Jai (o la esencia de las plantas, los animales y las cosas), también han arrasado con los cultivos de pan coger y provocado el desplazamiento de decenas de familias del Alto Andágueda. Para el periodo entre 2007- 2015, la UARIV calcula que el Ejército Nacional bombardeó el resguardo once veces, en acciones contra las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), lo que generó incidentes de desplazamiento forzado atribuibles al Ejército en los años 2012 y 2013”.
La guerra, la negligencia estatal, los daños colaterales de la minería en territorio indígena, los desplazamientos, además de los compromisos incumplidos años atrás, han generado no solo rezagos del pueblo Emberá en el Chocó y Risaralda y un vacío de confianza con la institucionalidad nacional, sino algo mucho más grave: la ruptura del tejido social y el gobierno propio de la etnia.
¿Qué hacer?
“En la reestructuración del plan de retorno hemos identificado una necesidad de fortalecimiento del gobierno propio. Para esto, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas están realizando una intervención con la guardia indígena, con los gobernadores, con los cabildos, para que entre todos entendamos la necesidad de llegar integralmente hasta el resguardo y armonizar tanto las autoridades al interior, como también con las entidades”, explicó Jonathan Forero, director del área de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas.
Coordinar el ingreso de las entidades claves para subsanar los rezagos y dialogar de “gobierno a gobierno” son dos acciones que está implementando la directora de la Unidad, Patricia Tobón Yagarí. En ese sentido, Forero agregó que abrir espacios para que las mujeres Emberá puedan participar en las decisiones políticas del resguardo hace parte de la visión de la Unidad y de la transformación que el pueblo étnico está transitando.
“Se empodera en la medida en que las mujeres se vinculan en el proceso de concertación y de diálogo. La directora general realizó dos asambleas con la comunidad en noviembre de 2022. Allí vimos cómo las mujeres, por ejemplo, también participaron activamente de la concertación. No es tan común la participación de ellas en esos espacios, pero la transformación se está dando porque también la institucionalidad la está promoviendo. Participación de mujeres, jóvenes, parteras, y de todos los miembros de la comunidad hace parte del propósito de dignificar a las víctimas”, agregó.
¿Qué sigue?
Mientras la entidad avanza en concretar nuevos retornos del pueblo Emberá, también adelanta visitas al Alto Andágueda con otras entidades para avanzar en las respuestas a los 103 compromisos concertados el año pasado. La cita en el resguardo inicia esta semana y durará 10 días pues la idea es llegar a varias comunidades y establecer acciones para cumplir.
Funcionarios de la Unidad, del Ministerio de Agricultura y de Invías vendrán al Alto Andágueda para hacer la primera intervención. La conversación entre el Gobierno Nacional y el gobierno étnico se surtió en noviembre a través de dos asambleas. La intención ahora es empezar a ejecutar compromisos”, señaló Forero.
Por un lado, el Ministerio de Agricultura está focalizando proyectos agrícolas y huertas medicinales en las cuatro zonas del resguardo. Por el otro, el Invías también participará de la visita en terreno para medir y decidir si es posible la construcción de los puentes de Conondo, al igual que unos tramos de los 17,5 kilómetros que componen la trocha (o lodazal, en caso de que esté lloviendo) entre la escuela intercultural Dokabú, que queda en Pueblo Rico, y Aguasal, en el Alto Andágueda.
Resolver las peticiones de viviendas dignas es, sin embargo, el gran cuello de botella al que se enfrentan los indígenas y la Unidad. Es una deuda histórica del Estado colombiano con las comunidades. “No ha sido fácil. Estamos esperando que luego de esta intervención integral, el Ministerio de Vivienda nos dé buenas noticias a propósito de las necesidades que ha evidenciado la directora Patricia Tobón Yagarí, no solo en conversación con el comité ejecutivo de la Política Pública de Víctimas, sino también con el presidente de la República”, explicó el funcionario.
Mientras eso ocurre con el Ministerio de Vivienda, La Unidad, como coordinadora del cumplimiento de las otras entidades, va a estar presente en esas jornadas en el resguardo. “Se deben gestionar unas respuestas. No queremos que esto sea solo diálogo, sino que las personas en los territorios sientan que el Estado está interviniendo en la zona, que es la apuesta de nuestra directora general”, expresó Jonathan Forero.
El camino para alcanzar una vida digna en el Alto Andágueda aún es largo. Esa realidad es ahora evidente para las entidades que conocieron el resguardo y sus profundas dificultades, una visita promovida por la directora de la Unidad, Patricia Tobón Yagarí. Al respecto, los indígenas tienen opiniones diversas.
Algunos miran con desconfianza el proceso que se inició a finales del año pasado, pero otros, como Migdonio Baniama, lo ven con buenos ojos: “En los resguardos no hay presencia de las instituciones. Nadie venía, nadie conocía estos paisajes en el que vivimos. Ya al menos las entidades han venido, ya conocen. Necesitamos que ellas cumplan para tener viviendas dignas, para que la producción mejore porque ahorita estamos cojos en eso. Para mí los compromisos que se hicieron cuando Patricia trajo a las entidades sí representan el inicio de un proceso. Estamos confiando para que los acuerdos se cumplan”.
