La directora territorial de la unidad de víctima Urabá-Darién adelantó jornada de concertación con las autoridades étnicas de este municipio.
Para concertar las acciones a desarrollarse en el marco de la política pública de Víctimas a favor de las comunidades étnicas de Riosucio Chocó, en doble jornada entre el 2 y 3 de febrero se adelantaron mesas de diálogos entre la directora de la territorial Urabá-Darién Sandra Viviana Alfaro con autoridades de las comunidades indígenas, representantes de los Consejos Comunitarios y demás organizaciones.
Analizar la complejidad de los daños causados por el conflicto armado en las comunidades del sector rural de Riosucio y direccionar la oferta institucional en la redignificación y restauración de los derechos de las víctimas fue el eje central de la doble jornada, donde las autoridades étnicas del municipio presentaron sus solicitudes a la dirección territorial.
A través de la formulación e implementación de las políticas públicas se determinan las necesidades y problemáticas de la población en general o de un grupo específico y se establecen las acciones necesarias para garantizar la satisfacción de las mismas.
En la primera jornada de diálogos, las comunidades indígenas a través de sus autoridades de manera particular plantearon las acciones que según sus necesidades deberán ser atendidas por las instituciones competentes incluida por supuesto la alcaldía municipal. En la segunda jornada de manera concertada las autoridades afros presentaron un documento con las iniciativas que incluye a los 10 Consejos Comunitarios.
En términos generales las autoridades étnicas le apostaron al retorno digno y pidieron agilidad en la reparación individual y colectiva.
La política pública de víctimas es uno de los retos más importantes en materia de política social que tiene el país, pues la conforman un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar problemas propios de las comunidades de diferentes tipos: económicos, sociales, ambientales, entre otros. Su construcción es necesariamente participativa.
Pero qué tanto se ha avanzado en la implementación del plan de reparación colectiva en Riosucio?
A causa del conflicto armado y la violencia un gran número de colombianos vieron afectados sus derechos humanos, y esto les conllevó enfrentar problemáticas y necesidades particulares; ante lo cual, el Estado se vio en la tarea de implementar acciones, estrategias y programas que contribuyeran a solucionar esta situación, a través de la implementación de políticas públicas que buscaban la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
De acuerdo con el registro único de víctimas, con corte a 31 de noviembre del año pasado en Riosucio, 106.690 personas fueron victimizadas, se presentaron a declarar 35.260, hasta la última actualización conocida, se logró establecer la ubicación de 20.868 de las cuales solo 19.124 son sujeto de derechos y/o reparación.
En la jornada participaron organizaciones de víctimas, los cabildos indígenas y asociaciones de comunidades afros.
Esta política pública tiene dos décadas en desarrollo, y el último gran hito lo constituye la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011 y los decretos con fuerza de Ley 4633, 4634 y 4635 y las normas complementarias, que reflejan la apuesta de Gobierno en un modelo de Justicia Transicional.
Es importante tener en cuenta que esta política en particular, como aquellas que focalizan población, es multisectorial e implica la convergencia de muchas otras políticas con las cuales se atiende a las víctimas en el momento mismo de la emergencia (salud, educación, ayuda humanitaria) , en la garantía de derechos sociales para superar las vulnerabilidades que genera el desplazamiento forzado (generación de ingresos, vivienda, seguridad alimentaria), y en la reparación integral (Rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, restitución de tierras, empleo rural y urbano, indemnización).
Igualmente, esta política pública contempla acciones de articulación para general procesos fundamentales para que los objetivos frente a contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, se materialicen: i) información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas en todo momento, ii) retornos y reubicaciones (en el caso de desplazamiento forzado); iii) articulación entre los niveles de gobierno Nación-territorio y al interior del Gobierno Nacional; iv) fortalecimiento de la participación de las víctimas y; v) la atención con enfoque diferencial (niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y grupos étnicos).
Finalmente, la directora de la territorial Urabá-Darién y los delegados de la alcaldía municipal, anunciaron un nuevo encuentro para desarrollar un espacio ampliado en el mes de marzo con la participación de la directora nacional de la unidad para las víctimas y demás ministerios y entidades que conforman la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV.
