Tras varios enfrentamientos registrados entre el Ejército Nacional que custodia unidades móviles de erradicadores, con campesinos cultivadores de mata de coca, en la cuenca del Río Salaquí y en los que resultaron heridos con arma de fuego cuatro labriegos. Este viernes 12 de marzo se adelantó una reunión para buscarle una salida negociada a esta complicada situación.
Los campesinos expresaron su preocupación por la erradicación forzosas, aduciendo que esos cultivos ilícitos son por el momento la una alternativa de que tienen para el sustento de sus familias y exigieron al Gobierno Nacional la implementación de una sustitución que garantice la implementación de proyectos productivos, con comercio asegurado y superar las dificultades en las vías de acceso.
A través de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la Gerencia para la estabilización en los departamentos Antioquia y Chocó, el gobierno planteo la disposición de recursos y asesoría, para la construcción e implementación de proyectos productivos, en sectores rurales de los municipios de Carmen del Darién, Riosucio y Unguía, en la región del Bajo Atrato chocoano, donde haya presencia de cultivos de uso ilícito y donde los campesinos expresen su voluntad de renunciar a la actividad ilícita.
Los líderes campesinos quedaron comprometidos con socializar la propuesta de las entidades del gobierno en sus territorios, así mismo deben levantar un censo y datos de las familias que se encuentran en el tema de cultivos ilícitos que sirvan como insumos para la formulación de los proyectos productivos que contarán con el apoyo de profesionales expertos en la materia.
El evento contó con la participación entre otros: de representantes de los cultivadores y Consejos Comunitarios de Riosucio, Carmen del Darién y Unguía, del El Director Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos Hernando Londoño, El Gerente para la estabilización en los departamentos Antioquia y Chocó José Leónidas Tobón, El coronel Héctor William Murillo Sánchez de la Séptima Brigada, y la Defensoría del Pueblo a través de la doctora Piedad echeverry.
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