Durante la visita que entre este jueves y viernes realizó a Quibdó con el fin de abordar temas relacionados con el sistema penitenciario y carcelario del Chocó y la prestación del servicio de justicia en este departamento, Wilson Ruiz Orejuela, Ministro de Justicia y del Derecho, confirmó que el hacinamiento carcelario en el país ya bajó del 20%.
“En compañía del Brigadier General Norberto Mujica Jaime, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), me complace entregarles una muy buena noticia: atendiendo a lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional, hemos logrado bajar el hacinamiento carcelario en Colombia al 19,9%”, confirmó el jefe de la cartera de Justicia, quien explicó que esto se debe al trabajo articulado que han venido desarrollando el Ministerio y el Instituto.
“Seguiremos en la labor de humanizar el sistema carcelario y las penas. Tenemos claro que con establecimientos que registren un menor porcentaje de hacinamiento vamos a poder mejorar el proceso de resocialización. Debemos seguir por este camino”, anotó por su parte el Brigadier General Mujica.
Cabe recordar que al inicio de la vigencia 2020, el INPEC registraba un hacinamiento de más del 55%. Los privados de la libertad eran 124.188 para 80.156 cupos, por lo que la sobrepoblación era de 44.032 internos en los 132 establecimientos penitenciarios del país. Pero con corte a 17 de diciembre de 2020 se registra una cifra histórica de hacinamiento del 19,9%.
Gracias a la expedición del Decreto 546 por parte del Gobierno Nacional, a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente a la pandemia por Covid-19 y la aplicación de medidas ordinarias que contempla la ley -como el cumplimiento de las tres quintas parte de la condena- un gran porcentaje de privados de la libertad se vieron beneficiados con las medidas otorgadas por los jueces de ejecución de penas (prisión domiciliaria o libertad).
En desarrollo de una Mesa de Trabajo con autoridades locales y judiciales del Chocó, cumplida este viernes en las instalaciones del Comando de Policía del departamento, el Ministro Ruiz manifestó que seguirá trabajando con empeño para reducir el hacinamiento.
“Desde que llegué al Ministerio de Justicia me comprometí a impulsar y sacar adelante los múltiples proyectos de la cartera, entre ellos la política penitenciaria y carcelaria, en procura de mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, dignificando su condición humana y superando el hacimiento”, indicó el alto funcionario, quien en esta visita también estuvo acompañado por el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Andrés Díaz; y la Defensora Delegada para Asuntos Penitenciarios y Carcelarios, Diana Silva.
Hoy el hacinamiento en Quibdó asciende al 65,7%, y en el Chocó, al 53,4%. “Pero ese no es el único tema que nos preocupa. Queremos verificar también las condiciones de los establecimientos de reclusión en cuanto a salud, alimentación y situación jurídica”, explicó el jefe de la cartera de Justicia.
El Ministro hizo un llamado a los entes territoriales para que impulsen y apoyen los proyectos que buscan mejorar las condiciones en los centros de detención transitoria, como las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI). “Por ley los sindicados son responsabilidad de los entes territoriales, pero les invito a trabajar de manera coordinada para buscar soluciones conjuntas y entregar respuestas claras”, anotó.
En ese contexto, propuso a las autoridades departamentales y locales conseguir un lote alejado del caso urbano de Quibdó en el que se pueda construir un nuevo centro de reclusión. Y agregó que contarían con el apoyo del Gobierno Nacional. “¿Por qué no pensar en grande? Podría ser una cárcel de máxima seguridad para 1.000 internos. O por lo menos un centro de detención transitoria con las condiciones adecuadas”, indicó el alto funcionario.
Ruiz Orejuela cerró su intervención manifestando que la cartera que preside seguirá trabajando para apoyar y articular programas que permitan el fortalecimiento institucional y hagan efectivos los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos para consolidar una verdadera y pacífica convivencia social.
