Las comunidades de Nóvita, Chocó, esperaban insumos y recursos para afrontar la pandemia del coronavirus, pero de los helicópteros que llegaron a la zona descendieron policías antinarcóticos con la orden de erradicar, a toda costa, los cultivos de uso ilícito.
Ayer 20 de abril, una cuadrilla de los antinarcóticos realizó un operativo de erradicación forzada en el corregimiento Pingaza. A la zozobra y alarma de la población, la Fuerza Pública respondió disparando balas de goma, lanzando gases lacrimógenos, cortando con motosierras los cultivos, y rociando con glifosato las hojas de coca y los cultivos de plátano y lulo. Además de las afectaciones al sustento alimentario, un líder resultó herido, al igual que adultos y niños menores. El 15 y 18 de abril, habían realizado operaciones similares en el corregimiento Irabubu, y en las comunidades de San Jerónimo y Playa del Rosario, respectivamente.
La erradicación forzada, asegura Tulio Antonio Hurtado, tomó por sorpresa a las comunidades de este municipio ubicado al sur del Chocó. El Presidente del Consejo Comunitario Mayor de Nótiva, que agrupa a 29 consejos comunitarios del municipio, también es uno de los afectados indirectos, pues la policía antinarcóticos dijo que él y el Alcalde habían ordenado el operativo, cosa que no es cierta. “Siento miedo porque la fuerza pública me está poniendo la lápida en la espalda”, manifiesta Tulio desde el territorio.
Ya las denuncias fueron hechas ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Esta última le manifestó a Tulio Hurtado que la erradicación forzada es una orden dada desde el gobierno nacional para todo el pacifico colombiano. Según, Víctor Darío Luna, integrante del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita y representante del Chocó en el Espacio Nacional de Consulta Previa, los operativos realizados en el municipio violan la sentencia T-236 del 2017, en la cual la Corte Constitucional ordena que las “comunidades étnicas del municipio de Nóvita deben ser consultadas sobre los programas de aspersión de cultivos a realizarse en su territorio”.
“La comunidad es consciente de que el cultivo no es la solución, pero no les queda otro camino al ver el abandono del estado”, asegura Víctor Darío. “Las comunidades siembran coca porque es una fuente de vida, porque no tienen de qué vivir. Es la forma más fácil más expedita para conseguir el sustento, ¿que más pueden hacer? El gobierno no puede llegar a tropellar así, sin brindar otra solución”, manifiesta Tulio Antonio, quien además agrega que las comunidades se alegraron cuando conocieron la existencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), manifestaron la voluntad de reemplazaron la coca y se inscribieron en los programas. Pero la ilusión se esfumó al enterarse de que Nóvita no estaba priorizado en el plan de sustitución.
Hasta el momento el gobierno no ofrece soluciones que no sean violentas, ni cumple con sus obligaciones. La sentencia T-236 del 2017 también ordenó que se hiciera una consulta para consensuar alternativas a la hoja de coca, y que además se caracterizaran, mitigaran y restauraran lo daños causados por las aspersiones aéreas de glifosato, hechas entre el 2012 y 2014. De las afectaciones causadas por el químico cuya toxicidad está demostrada a nivel nacional e internacional, Tulio enumera que “dejó muchas quebradas sin peces porque ese veneno cayó a los caños. Acabó con los cultivos de maíz, de plátano. Mucha gente quedó con tembladera de la mano. Nacieron niños con malformaciones”.
Las reuniones para dicha caracterización se hicieron entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre del año pasado. Tanto en Víctor Darío como en Tulio se nota un sinsabor por la improvisada y limitada convocatoria, y por la falta de resultados de un proceso que al día de hoy está estancado.
El coronavirus paralizó el país, pero se dispararon las operaciones de erradicación forzada. A finales de marzo, más de 600 campesinos bloquearon la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña en rechazo a los operativos de erradicación que el ejército estaba realizando en Sardinata, municipio del Catatumbo, Norte de Santander. Y hace unos días, la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia también denunció incursiones de este tipo en zonas rurales de Toledo, Tarazá, Ituango y Valdivia. En los departamentos de Putumayo y Caquetá se repita la misma situación, con el agravante de que la erradicación forzada se está llevando a cabo en territorios que habían firmado acuerdos contemplados en el PNIS.
La periferia colombiana no cuenta con la infraestructura adecuada para atender la pandemia, las ayudas gubernamentales no llegan, pero el gobierno envía policías y soldados que pueden ser posibles portadores que llevan el virus a los territorios. “No entiende uno qué quiere o busca el Presidente”, dice Víctor Darío, quien está a la expectativa de saber hacia dónde se dirigían a erradicar los helicópteros que partieron esta mañana de Condoto.
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Artículo de la Periferia Comunicación Popular
Escrito de Juan Alejandro Echeverri
