En diciembre pasado un guardia indígena perdió la vida en hechos similares.
Un campesino de 35 años de edad fue víctima de una mina antipersonal, sembrada por grupos ilegales en zona selvática de Dabeiba, Occidente antioqueño, donde perdió uno de sus pies, de acuerdo con el reporte que entregaron las autoridades.
Los hechos ocurrieron en la vereda Riosucio, ubicada en límites con el departamento de Chocó, mientras Luis Alfredo Sepúlveda Guzmán realizaba labores de campo.
El alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego Durango, narró que el accidente ocurrió el pasado domingo 19 de enero, pero debido a las dificultades del terreno, solo hasta las últimas horas se conoció el caso, cuando el aserrador fue evacuado hasta el casco urbano del municipio, y posteriormente remitido a un centro especializado en Medellín.
Añadió el mandatario que este es el segundo accidente de este tipo que se reporta en su municipio en menos de un mes. El otro caso ocurrió el pasado 26 de diciembre en el resguardo Amparradó Alto de Dabeiba, donde falleció el guardia indígena David Bailarín Domicó, de 24 años y perteneciente a la comunidad Embera Eyábida.
Durante el 2019, en el país se registraron 344 víctimas de minas antipersonal. Según la Cruz Roja Internacional, los departamentos más afectados por este flagelo son Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Chocó y Córdoba.
Unidad para las Víctimas atiende a las 107 personas desplazadas en Tarazá
Las 36 familias, representadas en 107 personas, se desplazaron de la vereda La Pipiola de Tarazá tras el crimen de dos campesinos, y por amenazas de grupos armados ilegales que delinquen en esa zona del Bajo Cauca antioqueño.
Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, aseguró que ya están atendiendo a los afectados, entre los que hay 41 menores de edad, una mujer embarazada, dos madres lactantes y nueve adultos mayores. Indicó, además, que también atienden a las 34 familias desplazadas en Cáceres, representadas en 89 personas.
Según las denuncias de la comunidad, hombres armados ingresaron a sus casas, los amenazaron de muerte y les dieron la orden de abandonar sus viviendas.
La mayoría de las personas desplazadas en Tarazá se encuentran en un albergue temporal ubicado en el casco urbano.
