Se dio traslado de los hallazgos a la Fiscalía y a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Gobernación de Chocó y a la Fundación Fondo Mixto para la Etnocultura, Memoria y Convivencia Ciudadana suspender la ejecución del convenio de cooperación suscrito para la implementación del programa ‘Tejiendo vínculos de cuidado mutuo para la paz y convivencia ciudadana’, financiado con recursos de regalías por $7.877.875.000.
La petición del Ministerio Público se da en desarrollo de la investigación disciplinaria que se adelanta por presuntas irregularidades en la inversión de recursos de regalías, en el proyecto aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) región Pacífico, que, al parecer, podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y afectar el patrimonio público.
El órgano de control también abrió investigación a los gobernadores salientes del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios; y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres; a la directora de la Fundación Fondo Mixto para la Etnocultura, Memoria y Convivencia Ciudadana, Ana Felipa Palacios Mosquera; al asesor jurídico de la fundación, Steven Realpe; a la jefe financiera de la fundación, Lucelly Gamboa Chaverra; y a los miembros del OCAD región Pacífico: Álvaro Jiménez García, Arismendy Agustín García Mosquera, Eduard Hernán Mina Caraballi, Diego Rafael Dorado Hernández, y Miller Eloy Muñoz Muñoz.
El objeto del convenio es ejecutar el proyecto de “Restauración Social mediante la implementación del programa ‘Tejiendo vínculos de cuidado mutuo para la paz y la convivencia ciudadana’”, para 12.000 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas de Tadó, Riosucio, Quibdó, Nuquí, Nóvita, Medio Baudó, Lloró, Istmina, Bahía Solano, Bagadó, y 24,000 familias de jóvenes en alto grado de vulnerabilidad.
Ante los hallazgos el Ministerio Público ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, y a la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa para lo de sus competencias.
Recomendación de suspender.
Encontró la Procuraduría que en los documentos aportados por la entidad ejecutora designada por la gobernación, no se evidencia el cumplimiento de las labores contratadas, lo que demostraría fallas en la supervisión e interventoría en cuanto al control y seguimiento del proyecto.
Respecto al porcentaje de ejecución de los valores revisados, se investiga si los suscriptores del convenio presentaron, aprobaron y destinaron recursos del Fondo de Compensaciones Regional para una inversión no permitida, por cuanto en su mayoría corresponden a actividades de capacitación, lo cual no es viable jurídicamente.
En relación con la propuesta de contrato de la Parroquia San José de Tadó, la Procuraduría observó que carece de soportes respecto al criterio de evaluación definido, como en el caso de un curso virtual de competencias ciudadanas y no hay evidencia que justifique el pago de $1.080.000.000 por 36.000 membresías para el acceso a la página web.
El ente de control advirtió la existencia de presuntas conductas irregulares por parte de la fundación, como el posible desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente al justificar su actuación en una normatividad no aplicable a los fondos mixtos de promoción cinematográfica, así como la publicación extemporánea de información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, entre otras.
Los porcentajes definidos en las garantías suscritas en la póliza que ampara el cumplimiento, la calidad del servicio, y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, no corresponderían con lo pactado.
De otra parte, se evidenciaron presuntas fallas en la planificación, pues, aunque en el documento técnico se mencionan 12.000 personas, el proyecto no tendría una base de registro en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT que permita identificar que hay como mínimo, ese número de estudiantes matriculados, por lo cual no hay la certeza de la población beneficiaria.
Además, en el informe de visita del Ministerio Público, pocos días antes de la celebración del convenio, quedó registrado un incremento del 10% en la participación de la entidad oficial en la fundación, al parecer, de manera apresurada, sin realizar estudios jurídicos, técnicos, financieros y sin observar el debido proceso.
