En el plan de desarrollo 2016-2019 el gobernador Luis Pérez quedó facultado para ejecutar, a través de cualquier asociación, uno de los proyectos claves en el desarrollo económico de Antioquia: el Puerto de Urabá.
Incluso, en septiembre pasado, durante el IV Encuentro de empresarios de Transporte de Carga en Rionegro, Pérez dijo con certeza que el 30 de noviembre se pondría la primera piedra y se le daría la partida inicial a la construcción de la terminal portuaria que estará ubicada en Turbo. Pero se consumió el cuatrienio, pasó la fecha anunciada y el puerto nada que arranca.
Según el Gobierno Nacional, Puerto Antioquia tiene proyectado un plan de inversiones de US$350 millones para la construcción de un muelle de cinco posiciones de atraque y un viaducto de doble calzada para el tránsito de tractocamiones entre la plataforma y el puerto, que permita la fluidez de hasta ocho tractomulas. La concesión será por 30 años y el terminal estará diseñado para atender buques portacontenedores de hasta 366 metros de eslora, con profundidad de 14,5 metros.
El mismo Pérez, en la rendición de cuentas el martes pasado, dijo que “llevo cuatro años detrás del puerto de Urabá. Tiene los diseños listos en fase tres —nivel de detalle—, tiene adjudicada la construcción, tenemos los recursos listos y tenemos los préstamos, pero en Colombia qué difícil es hacer grandes obras”.
¿Qué es lo que pasa?
Pérez informó que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) incluyó 80 hectáreas en las reclamaciones de comunidades de Turbo. “Eso tiene paralizado todo el puerto”, dijo.
En efecto, según conoció EL COLOMBIANO, la demanda fue presentada el 14 de diciembre de 2016 y admitida el 3 de octubre de 2017. Está en trámite ante el juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó y el motivo es el reconocimiento de los derechos étnicos territoriales para el consejo comunitario de Puerto Girón, comunidad afrodescendiente que reclama su presencia histórica en el territorio.
El gobernador añadió que “si el juez dice que quedan liberadas las 80 hectáreas, al siguiente día ponemos la primera piedra”. Sin embargo, añadió dos pendientes adicionales. El primero es que aún no se ha definido el estatus de zona franca mientras no se resuelva la demanda de restitución; y el segundo es que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), según Pérez, estableció intereses más altos que los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Se necesitan igualar, el BID dice que si no los iguala, los subirán, dijo.
A la espera
Andrés Felipe Bustos Isaza, gerente de Puerto Antioquia, dijo que el proyecto cuenta con las aprobaciones de los bancos financiadores —el BID, FDN, Davivienda y Global Infrastructure Partners—, además del compromiso de los socios. “Tenemos los recursos asegurados”, indicó.
Sobre la demanda, dijo que está haciendo las aclaraciones a los bancos sobre la titularidad de los predios, para explicarles “que el riesgo en este caso es mínimo”. Acotó que más que el área del predio objeto de la reclamación, “es el área de afectación al puerto: estamos hablando de menos de un hectárea por donde pasará el viaducto. Esperamos aclararlo para poder liberar el inicio de obras”. Confirmó que con el contrato de obra, contratista y acuerdos de responsabilidad empresarial y concertación con las comunidades listos, espera arrancar en el primer trimestre de 2020 con plazo de 33 meses.
El Colombiano.
