–La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) presentó ante el Consejo Permanente su 27º informe semestral, en el que reitera su preocupación por la continuidad de graves afectaciones e impactos a la población civil, a causa de la presencia y el accionar de grupos armados ilegales que se disputan el control de territorios y de rentas ilícitas, como el narcotráfico.
La Misión de la OEA resalta en particular las dinámicas de reclutamiento forzado y vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) a grupos armados ilegales.
Establece que se ha identificado que la guerrilla del Eln continúa fortaleciendo sus filas reclutando NNA en zonas como el Catatumbo en Norte de Santander, y en municipios como Segovia en Antioquia, Santa Rosa del Sur y Simití en Bolívar, y Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Riosucio y Juradó en el departamento del Chocó.
Para el caso de estos dos últimos municipios, la SG/OEA resalta la existencia de casos de NNA provenientes de comunidades indígenas de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, que se encuentran en poder del ELN desde el año 2017, así como otros que fueron recuperados por la comunidad y están a la espera del restablecimiento de derechos por parte de la institucionalidad.
Esta dinámica de reclutamiento forzado y vinculación también se genera en zonas de influencia de los GAOR, en particular en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá); La Macarena (Meta); San José del Guaviare y Miraflores (Guaviare); Suárez y Corinto (Cauca); y Arauca y Arauquita (Arauca).
Indistintamente del grupo armado ilegal, se ha identificado que entre las estrategias utilizadas para promover la vinculación de NNA en las dinámicas de conflicto armado y criminalidad están:
i) el ofrecimiento de dinero, armas cortas y artículos de lujo, ii) la atracción o enamoramiento a cargo de otros menores de edad o personas jóvenes, iii) convencimiento forzado a través de presión psicológica o invitaciones constantes y iv) amenazas de atentar en contra de la vida del NNA o su familia. Se destaca que los roles desempeñados dentro de las estructuras armadas van desde ejercer como puntos de vigilancia, cobrar extorsiones o vincular a otros NNA, hasta ser parte de las filas armadas de los grupos armados ilegales.
Por otra parte, el informe reseña el incremento en los niveles de riesgo colectivo de comunidades, especialmente indígenas y afrodescendientes, y organizaciones sociales, producto, por un lado, de la presencia y accionar de grupos armados ilegales quienes se disputan el control de los territorios y los réditos de las economías ilícitas generando a su vez masivas afectaciones a la población civil; y, por otro lado, como consecuencia del ejercicio reivindicativo de derechos y la visibilización en escenarios de interlocución con el Gobierno nacional.
En las zonas de frontera con Venezuela, Ecuador y Panamá se identifica un marcado escenario de riesgo colectivo. De manera especial, se llama la atención sobre la situación que se presenta en la Costa Pacífica Nariñense, el norte del Cauca, el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca) y el departamento del Chocó; territorios que comparten la disputa territorial por parte de grupos armados ilegales interesados en obtener el control de corredores de movilidad y salida hacia el océano Pacífico, para el negocio de narcotráfico y tráfico de armas, generando afectaciones como la siembra de MAP, confinamiento y restricciones a la movilidad, desplazamientos masivos y afectaciones a liderazgos sociales que impactan a la colectividad.
De igual forma, se identifican escenarios de riesgo colectivo en la región del Catatumbo, el Sur de Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño producto de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el Ejército Nacional.
El informe presentado en Washington es producto de más de 1600 misiones en 860 veredas y corregimientos del país. La MAPP/OEA constató que durante el primer semestre de 2019, comunidades en el Bajo Cauca, Catatumbo, la costa pacífica nariñense y Chocó fueron víctima de confinamientos y desplazamientos forzados. También advirtió que líderes y lideresas sociales, comunales, campesinos, étnicos y de derechos humanos fueron amenazados, atacados y asesinados en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
La MAPP/OEA condenó y llamó especial atención sobre la fuerte violencia y vulneración de derechos que enfrentan los pueblos indígenas. Dos atroces masacres perpetradas en el Cauca a finales de octubre de 2019, en un lapso de dos días, así como los recurrentes asesinatos de comuneros, guardias y otras autoridades indígenas, ponen de relieve las graves afectaciones a las comunidades étnicas y rurales, en contextos de conflicto, criminalidad e inequidad alimentados por el narcotráfico.
Como resultado de su monitoreo permanente en 205 municipios, la MAPP/OEA también identificó el aumento de la violencia política en contra de candidatos y candidatas a cargos de elección popular, e identificó las afectaciones que, por razones de género, enfrentaron las mujeres candidatas. Asimismo, la Misión visibilizó la continuidad de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, principalmente en comunidades afro e indígenas.
“Insistimos en la necesidad de avanzar en acciones eficaces que tengan en cuenta las particularidades y riesgos específicos, que avancen en el involucramiento de las poblaciones afectadas en los mecanismos ya creados, y que articulen a las autoridades del orden nacional, regional y local”, señaló Roberto Menéndez, Jefe de la MAPP/OEA.
Finalmente, la Misión valoró las acciones adelantadas por el Gobierno de Colombia para avanzar en la consolidación de la paz, entendiendo la complejidad y envergadura que implica este anhelado propósito.
Entre ellas destacó el impulso a la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la definición de cinco Zonas Estratégicas de Intervención Integral, también conocidas como Zonas Futuro. Allí el Gobierno nacional busca garantizar una acción coordinada y sostenida del Estado para mitigar las acciones violentas y promover la integridad de las comunidades, el desarrollo local, la protección medioambiental y el control institucional del territorio. La MAPP/OEA acompañará y monitoreará de cerca esta iniciativa, y continuará advirtiendo los desafíos en éstas y otras zonas que también requieren la actuación efectiva del Estado.
