Las víctimas coinciden en que “no hay garantías y seguridad” y aseguran que “el primer obstáculo que vemos es la falta de institucionalidad”.
El panorama de desplazamiento forzado a comunidades étnicas y afro es desolador, una prueba de ello fue el llanto de un padre por la muerte de su hijo. Esta escena se vivió en una sala de audiencia en la Corte Constitucional ayer.
Se llama Hermes, de tez negra, y empezó su intervención con un saludo indígena que los occidentales no suelen entender. Dijo que su hijo de cinco meses falleció esperando un ambulancia que nunca llegó, esto debido a que el pacífico colombiano, lugar donde vive, no cuenta con vías de acceso.
El hombre es uno de los más de cinco representantes del pacífico colombiano que se dieron cita en el Palacio de Justicia con el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, los magistrados Luis Guillermo Guerrero, Diana Fajardo y la presidenta de la corporación, Gloria Stella Ortiz, además de delegados del Gobierno.
En esta ocasión, el alto tribunal quería escuchar de viva voz lo que sucede en Guapí, Timbiquí, López de Micay, Santa Barbara de Iscuandé, El Darien, Riosucio, entre otros municipios que hacen parte del pacífico que están condenados a vivir en medio de la minería ilegal, el narcotráfico y los constantes enfrentamientos entre bandas criminales y la Fuerza Pública.
La diligencia, que tardó cuatro horas, contó con la participación de Hilda Nayibe Hurtado representante del Pacífico Nariñense que llegó en la noche del pasado lunes a la capital.
La mujer empezó haciendo un diagnóstico de Tumaco, Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, Magui Payán, Roberto Payán y El Charco, municipios de Nariño que suelen estar afectados por el incumplimiento de los programas del acuerdo de paz, el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato, los enfrentamientos entre bandas, el reclutamiento forzado y la inmersión de los menores a labores de inteligencia.
Dice que estos hechos son el pan de cada día, sumado al confinamiento, las restricciones de la movilidad, el desplazamiento forzado y la instalación de minas antipersonas por cuenta de los grupos al margen de la ley.
Son el Eln, las disidencias de las Farc y otras bandas de delincuencia común por las que, según Hilda, se ha aumentado la violencia en su región, sin embargo, aseguró que con estas situaciones han convivido desde que tiene uso de razón, así como también con la ausencia del Estado que a su juicio, ha sido el responsable que aumenten las necesidades básicas en zonas periféricas y rurales.
Análisis de la Defensoría
Más de 100 misiones humanitarias ha hecho el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en su recorrido por el país y en ellas ha encontrado situaciones de riesgo tales como minería ilegal, narcotráfico, migrantes y ausencia del Estado, como bien lo denunciaron los representantes de los departamentos.
Negret aseguró que desde la entidad que dirige han emitido 19 alertas tempranas en lo corrido de este año, en el cual se han alertado 27 municipios en Chocó, Valle, Cauca y Nariño.
