La Fiscalía General de la Nación llevó a juicio al ingeniero Luis Antonio Rojas Girón y al contratista Roger Palomino, como presuntos autores del delito de peculado por apropiación, tras el presunto incumplimiento del contrato en la construcción de la casa de la Cultura de Nuquí (Chocó).
Según lo establecido, los perjuicios ocasionados por el contratista se estiman en trescientos treinta millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos noventa pesos ($330’479.500), cifras dadas por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
“La investigación adelantada por la Dirección Seccional en Bogotá evidencia que tanto las estructuras como las vigas y las columnas de esta edificación, no cumplen con los estándares exigidos por las leyes y normas de construcción”, sostuvo la fiscal.
Las alarmas se encendieron después de la caída desde un segundo piso de uno de los supervisores al pisar el concreto, el cual resultó con alto grado de porosidad por la mala calidad del cemento, indicó la delegada del ente acusador.
Las vigas y andamios mostraban deterioro, óxido en las tuberías, algas, hongos y vegetación parásita en la tubería por la con mala calidad de materiales, lo que supone que se cometió un delito contra la administración pública.
Para confirmar la teoría del caso, la Fiscalía llevó como testigos a expertos en patología estructural en hormigón, quienes determinaron mediante pruebas de acción y reacción, con esclerometría y velocidades de respuesta mediante ultrasonido, que el material no brindaba la seguridad adecuada para esta clase de construcciones.
“Se colocaron pesos conocidos en puntos clave de las estructuras y se midió la deformación, lo que confirmó la pésima calidad del concreto”, sostuvo uno de los patólogos expertos.
Aunque las audiencias continúan, el juez anunció el sentido de fallo para el 5 de agosto próximo en el complejo judicial de Paloquemao.
