La Procuraduría General de la Nación abrió 10 investigaciones por presuntas irregularidades en la planeación, contratación y ejecución el Programa de Alimentación Escolar (PAE), vigencias 2016 y 2017, en los departamentos de Amazonas, Arauca, Meta, Valle del Cauca, en el municipio de Quibdó, y en los distritos de Buenaventura y Cartagena, que pudieron afectar más de 600.000 de estudiantes beneficiarios.
El órgano de control investiga a los actuales gobernadores de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, y al alcalde de Quibdó, (Chocó), Isaías Chala Ibargüen.
Así mismo, adelanta procesos disciplinarios contra los exgobernadores de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla; de Meta, Alan Jara Urzola; el exalcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda Torres, y de Cartagena, Manuel Vicente Duque.
Valle del Cauca
El ente de control abrió investigación disciplinaria a la gobernadora, Dilian Francisca Toro, a la secretaria de Salud, María Claudia Lesmes Duque; a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Cristina Bermúdez; al subsecretario para la Prosperidad Social, William Hernández Arias y a Jorge Isaac Fernández Cifuentes, interventor de los convenios 010-18-005, 010-18-006, 010-18-0565 y 010-18-0566.
El Ministerio Público busca determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con posibles irregularidades en la suscripción de estos convenios de manera directa, al parecer, omitiendo la convocatoria pública. Se advirtió también el no suministro de alimentación por varios días, y la no garantía en la prestación del servicio desde el primer día del calendario escolar.
Arauca
En Arauca, el órgano de control abrió investigación disciplinaria al actual gobernador, Ricardo Alvarado Bestene, a la secretaría de Educación, Gladys Yolanda Montes Ovalles, al gerente de Contratación, Edgar Alfonso Cadena Díaz, y a Rubén Darío Bustamante, supervisor del contrato de suministro 516 de 2016, que tenía por objeto la “implementación del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones y centros educativos del departamento de Arauca”, por valor de $991.165.565.
Al parecer, en el negocio jurídico, que buscaba beneficiar 8.037 estudiantes, se pudieron presentar irregularidades en el proceso de subasta SU 0614-2016 relacionadas con presuntas deficiencias técnicas, sobrecostos, y anomalías en la adjudicación, ejecución y supervisión del contrato, entre otros.
En otro proceso, la Procuraduría investiga al gobernador, su secretaria de Educación, a la representante legal de CML Ingeniería y Consultorías SAS, Marisol Garrido Garzón, y a la supervisora del contrato de interventoría 003 de 2016, por hechos relacionados con la intoxicación de más de 300 niños y niñas, al parecer, por consumir alimentos del PAE correspondientes al contrato 02 de 2016, y cuya interventoría se ejecutó en el negocio jurídico 003 de 2016 por $123. 008.778.
Quibdó
Así mismo, el órgano de control abrió investigación disciplinaria al alcalde de Quibdó (Chocó), Isaías Chala Ibargüen, a la secretaria General del municipio, Dayci Mariela Mosquera Mena, y al secretario de Educación y supervisor del contrato 277 del 2016, Harold Ramírez Orozco, por presuntas irregularidades en la contratación del programa.
La Procuraduría busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias porque al parecer la administración no contrató con lista de precios, y no hay claridad sobre dos prórrogas realizadas al negocio jurídico.
En este sentido, el Ministerio Público solicitó informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales con el fin de determinar los criterios que tuvo en cuenta la Alcaldía de Quibdó para fijar el valor de la ración y si estuvo fundamentado en las exigencias y lineamientos del PAE.
Amazonas
Además, se abrió investigación disciplinaria en contra del exgobernador de Amazonas, Manuel Carebilla Cuellar, y de la exsecretaria de Educación, Betsy Mirella Londoño, por presuntas irregularidades al contratar el suministro de alimentos no contenidos y prohibidos en los lineamientos técnicos del PAE, como café tostado y molido, jamoneta en lata, salchichas en lata y congeladas, para las instituciones educativas de San Rafael, Casa del Conocimiento, Santa Teresita, Tarapacá, María Auxiliadora, San Francisco y San Juan Bosco.
En otro proceso, la Procuraduría investiga a los exfuncionarios por presuntas irregularidades en la planeación del contrato No. 216 de 2016, y la estructuración de los estudios previos que sirvieron de base para el cálculo del valor del negocio jurídico, y que dieron lugar al pago de sobrecostos en varios ítems contratados.
Meta
El ente de control abrió investigación al exgobernador de Meta, Alan Jara Urzola; al exsecretario de Educación del departamento, Juan Diego Muñoz Cabrera, y al representante legal de la Unión Tempora Intercoldes, Luis Eduardo Sendoya Cediel, por la presunta falta de funcionamiento del programa PAE e la escuela Santa Helena del municipio de Puerto Gaitán.
Se busca determinar supuestas irregularidades en la fase precontractual del contrato de suministro 081-2017, pues al parecer no se tuvo en cuenta la inclusión de la prestación del servicio a los alumnos de la escuela ubicada en la vereda Santa Helena del municipio.
Buenaventura
El Ministerio Público investiga al mandatario local de Buenaventura, Eliecer Arboleda Torres (2016 – 2019), por posibles anomalías en la declaratoria de la urgencia manifiesta para contratar la ejecución del PAE para 45 días, por más de $1.298 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación directa.
El órgano de control analiza la fase precontractual, contractual y de ejecución del suministro de desayunos escolares para verificar si existieron irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato No. SED 2016-001 con la Fundación Amigos Unidos por el Pacífico (Fundamigos).
Cartagena
La Entidad también investiga al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, por presuntas irregularidades con los contratos No. 052 de 2016 y 307- 308 -314-2017, en los que al parecer existió un aumento de precios cobrados sin aparente justificación, además de anomalías contables, financieras y en las raciones alimentarias.
Se encontraron alimentos cuyo valor unitario al parecer podría desbordar los establecidos en el mercado para esa vigencia: pechuga de pollo por valor unitario de $40.000; carne molida por $38.000; bofe por $15.000 y carne a $25.000, lo que produciría un mayor valor a favor del contratista de $246.952.260.
De otra parte, en el contrato 307- 308 -314-2017, se ordenó investigar la falta de idoneidad del contratista Consorcio Nutrición Escolar, para prestar el servicio de alimentación escolar, durante la vigencia 2017.
En otro proceso, el órgano de control prorrogó investigación disciplinaria contra el exalcalde por supuestas deficiencias en la planeación e irregularidades en la declaración de urgencia manifiesta para contratar la prestación del servicio para 83.974 estudiantes del distrito.
Para el Ministerio Pùblico al declarar la urgencia manifiesta no fue posible adelantar el proceso de selección objetiva de contratista, el cual debió iniciarse a partir del 29 de febrero de 2016.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de presuntas faltas disciplinarias por supuestas irregularidades en la etapa precontractual y contractual del programa que podrían vulnerar los principios que rigen la contratación estatal como lo es la economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva.
