Ante los Jueces Penales del Circuito, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Especial del Ministerio Público apelaron la decisión del Juzgado Primero Penal Municipal de Quibdó (Chocó), que impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad en favor de la exalcaldesa de la capital chocoana, Zulia María Mena García, y otras tres personas investigadas por presuntas irregularidades en la adquisición de terrenos para la construcción de escenarios deportivos para los Vigésimos Juegos Nacionales de 2015.
Con la decisión judicial también fueron beneficiados el ex secretario de Planeación municipal de Quibdó, Jesús Alberto Álvarez Mena, y del entonces asesor jurídico de la alcaldía, Luis Alberto Rivera Ayala, y del particular Samir Bechara Simanca.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Quibdó, los procesados habrían adquirido dos lotes de terreno para la construcción y/o adecuación de canchas y otros escenarios para el certamen deportivo, con un sobrecosto superior al 1000%.
Los investigadores evidenciaron que se habrían alterado los peritajes de propiedad raíz para que algunos particulares pudieran vender los predios a la Administración Municipal, hasta por diez veces más de su valor real. La Fiscalía determinó que el detrimento patrimonial superó los 2130 millones de pesos.
Se estableció además que se falsificaron los soportes técnicos del peritaje para hacer aparecer los lotes con acceso a redes de servicios públicos domiciliarios, cuando en realidad solo contaban con aljibes y vertederos. La Fiscalía determinó también que los dos predios adquiridos fueron seleccionados de manera caprichosa y arbitraria, sin reparar que los mismos eran predios rurales y alejados de ciudad, y carentes de servicios públicos.
En otras palabras, se adquirieron, de manera amañada, dos predios rurales sin la mínima infraestructura para la construcción de los escenarios que se requerían, por un valor diez veces superior al real y con el objeto de beneficiar a un particular. Además, los terrenos tenían un pleito judicial pendiente y estaban afectados por hipotecas.
Pese a la oposición y las recomendaciones técnicas de Coldeportes, la exalcaldesa seleccionó los lotes en contravía de las leyes de reforma urbana y de ordenamiento territorial, que especifican las características para compras inmobiliarias destinadas la construcción de escenarios deportivos.
Bechara Simanca, vendedor de uno de los cuestionados lotes, es hermano de una persona que financió económicamente la campaña política de Mena García, como candidata a la Alcaldía de Quibdó para el año 2007.
A los procesados se les imputaron cargos por delitos como celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación, ambas conductas en concurso homogéneo y sucesivo y con circunstancias de mayor punibilidad
Los hechos se presentaron entre los años 2013 y 2015, cuando la señora Mena García fungía como alcaldesa de la capital chocoana.
Los concejales también deben responder
Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía permitirán también la imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento, en contra los 15 concejales de Quibdó, y un diputado a la Asamblea Departamental, por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
Los cabildantes habrían tramitado y aprobado dos acuerdos (el 051 del 16 de diciembre de 2013 y el 032 del 27 de diciembre de 2014), por medio de los cuales se incorporaron, de manera irregular, 7 kilómetros de terrenos rurales al perímetro urbano, en la vía que de Quibdó conduce la municipio de Yuto. De esta manera se mutaron terrenos improductivos, fincas agrestes y porquerizas, en latifundios de uso industrial y comercial, para inflar el precio de los terrenos que ofrecían los vendedores.
