El Tribunal Administrativo del Chocó decretó el embargo y retención de fondos pertenecientes al municipio de Riosucio por un monto superior a los $2.675 millones de pesos, como parte de un proceso judicial iniciado por las firmas Construcciones y Consultoría R.R. Ltda. y la Unión Temporal Global R.R. Ltda. La decisión se dio en el marco de una demanda ejecutiva presentada por el incumplimiento de obligaciones derivadas de dos contratos de obra suscritos en 2022.
Los contratos en cuestión fueron celebrados para el mejoramiento de la cancha de fútbol de la cabecera municipal y la construcción de tres puentes vehiculares en la vía La Punta-Blanquiceth. Según consta en las actas de liquidación, ambas intervenciones fueron ejecutadas a satisfacción, pero los pagos correspondientes no fueron realizados por la administración municipal.
A raíz de esta situación, las empresas solicitaron al Tribunal la aplicación de medidas cautelares, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y remanentes judiciales a nombre del municipio. El despacho judicial, luego de analizar la documentación presentada, concluyó que existía una obligación clara, expresa y exigible que se enmarca en las excepciones legales a la inembargabilidad de los recursos públicos.
El monto embargado, que asciende a $2.675.277.482,09 pesos, será incrementado en un 50% como establece el Código General del Proceso y deberá ser consignado en la cuenta de depósitos judiciales del Tribunal. Las órdenes se extendieron a distintas entidades financieras en las que el municipio tendría cuentas activas, como Bancolombia, Banco Agrario, Banco Caja Social, entre otros.
La magistrada Mirtha Abadía Serna, ponente de la decisión, precisó que se excluyen de la medida aquellas cuentas protegidas por ley, como las destinadas al pago de sentencias, conciliaciones o pertenecientes al Tesoro Nacional.
La decisión también incluye el embargo de remanentes dentro de otro proceso judicial anterior que involucra al mismo municipio, dejando en evidencia una acumulación de obligaciones pendientes por parte de la administración. El caso subraya la importancia del cumplimiento de compromisos contractuales por parte de las entidades públicas y el respeto por los derechos adquiridos por contratistas.
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