Una delicada situación de presunto abuso por parte de la Infantería de Marina ha sido denunciada públicamente por líderes del Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca de Domingodó y varias comunidades vecinas.
Según un comunicado enviado al Personero del municipio de Riosucio, Chocó, y con copia a instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa, los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo, alrededor de las 3:30 p.m., en el corregimiento de Domingodó.
En el documento, firmado por representantes legales y presidentes de distintas comunidades, se denuncia que Luis Carlos Ramos Valencia, de 31 años y residente de Riosucio, junto al menor Freycer Ramírez Flórez, de 17 años, fueron abordados de forma violenta mientras desarrollaban actividades económicas en la zona.
Según el relato, Ramos Valencia fue golpeado y maltratado física y mentalmente frente al joven Ramírez, quien, visiblemente afectado, pedía entre lágrimas que los dejaran en libertad. La comunidad asegura que el menor presenta secuelas psicológicas a raíz del incidente, por lo que han solicitado atención profesional inmediata.
Además, se denuncia que a Ramos Valencia se le habrían quitado sus pertenencias, incluyendo teléfonos celulares. Ante el conocimiento de los hechos, varios líderes comunitarios intervinieron, logrando que la madre del menor recuperara a su hijo.
De acuerdo al documento la versión ofrecida por el comandante del operativo, identificado por la comunidad como CS Armada Leguisbamon, no aportó pruebas contundentes para justificar la retención ni el uso de la fuerza. Aunque mencionó tener un audio y fotografías como evidencia, los líderes comunitarios aseguran que no fueron presentados elementos que justificaran la actuación militar.
Los denunciantes cuestionan fuertemente el proceder de la fuerza pública, señalando que los militares no solicitaron identificación alguna ni presentaron orden judicial para detener a los ciudadanos, lo que consideran una clara violación de derechos humanos, más aún tratándose de una población históricamente víctima del conflicto armado.
Hasta el cierre de esta edición, familiares y el abogado de Luis Carlos Ramos Valencia informaron que no se les ha permitido verlo, aumentando la incertidumbre y preocupación por su estado.
Los líderes comunitarios han exigido la intervención urgente de las autoridades competentes, haciendo un llamado al respeto irrestricto de los derechos humanos y recordando que la fuerza pública tiene el deber de proteger, no vulnerar, los derechos de la población civil.
El caso sigue en desarrollo y la comunidad espera pronunciamientos oficiales por parte del Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo.
Somos Notiriosucio, llámanos o escríbenos al 3218365504.
