En medio de la indignación y el descontento, los habitantes de los ríos Truandó, Chintadó y Quiparadó se encuentra en un estado de abandono a pesar del millonario contrato firmado en agosto de 2021, destinado a la rehabilitación de sus vías fluviales. El contrato 018, firmado por el exalcalde Conrad Valoyes Mendoza y la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS URABÁ DARIÉN – CARIBE ASOMUDACAR, cuyo representante legal en su momento era el ciudadano LUIS ALBERTO CASARRUBIA BARRERA, ascendía a la colosal suma de $12.025.219.373, con la promesa de mejorar las condiciones de movilidad fluvial para las comunidades afro e indígenas, históricamente afectadas por inundaciones y desbordamientos debido a la deforestación y la negligencia.
Sin embargo, los resultados prometidos brillan por su ausencia. Los habitantes de esta zona, que dependen críticamente de los ríos para su transporte diario, enfrentan hoy dificultades crecientes en su movilidad, sin ver mejoras tangibles que justifiquen la enorme inversión realizada. El escepticismo crece alrededor de la ejecución y la transparencia del contrato, especialmente en un contexto donde las prácticas corruptas parecen haber desviado fondos que debían aliviar el sufrimiento de estas comunidades vulnerables.
La falta de respuestas claras y el silencio de las autoridades involucradas en este contrato han intensificado las demandas por una investigación exhaustiva. Los organismos de control están siendo llamados a actuar con urgencia, para no solo esclarecer el destino de los fondos, sino también para poner fin a un ciclo de abuso y corrupción que ha explotado la desesperación de un pueblo que merece justicia y soluciones efectivas. La situación del Truandó no es solo un caso de posible malversación, sino un reflejo de una crisis más amplia de gobernanza y ética en la administración pública.
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