En un reciente episodio de violencia en el departamento del Chocó, Colombia, aproximadamente 40 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares en la comunidad de Chambacú, municipio de Sipí, huyendo hacia Istmina debido a intensos combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este desplazamiento forzado afecta a un total de 31 adultos, 28 menores de edad y cuatro madres lactantes, quienes ahora se encuentran en la comunidad Negría, buscando refugio de la violencia que asola su región.
La confrontación entre estas dos facciones armadas ilegales ha tenido un impacto devastador en la vida diaria de las poblaciones locales, impidiendo el desarrollo de actividades cotidianas, laborales, y restringiendo severamente la movilidad y el transporte de alimentos. La situación se agrava con la implementación de un paro armado por el ELN desde el pasado 10 de febrero, aumentando la tensión en la subregión del San Juan.
La Defensoría del Pueblo ha emitido Alertas Tempranas en 2021 y 2022, instando a las autoridades a tomar medidas para proteger a la población civil y garantizar sus derechos fundamentales frente a la escalada de violencia. Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, ha enfatizado la importancia de que el Estado y sus fuerzas de seguridad actúen de acuerdo con las recomendaciones de las alertas para prevenir más afectaciones a las comunidades étnicas de la zona, especialmente en lo que respecta a sus derechos a la vida y a la integridad.
Además de Chambacú, la comunidad de Doidó, también en Istmina, se encuentra en riesgo de desplazamiento debido a la continuidad de los enfrentamientos. La urgencia de una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades gubernamentales se hace cada vez más evidente, con el fin de abordar la crisis desde una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Este nuevo ciclo de desplazamiento forzado subraya la persistente inestabilidad y violencia en Chocó, donde el conflicto armado sigue afectando gravemente a las comunidades vulnerables, desafiando los esfuerzos por asegurar la paz y la seguridad en la región.
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