En la comunidad de Canapo, en la cuenca del río Salaquí, Riosucio, el tiempo parece haberse detenido. Desde hace más de dos años, los ecos de un clamor colectivo, desesperado y constante, resuenan en la espesura de la selva chocoana, chocando contra la indiferencia y la inacción de las autoridades locales y regionales. Es un llamado por el derecho más fundamental de los niños y niñas de esta apartada localidad: la educación.
La comunidad, víctima del conflicto armado y azotada por la pobreza, ha visto cómo sus esperanzas y esfuerzos chocan una y otra vez contra un muro de silencio y olvido. Los más de 20 estudiantes de Canapo, aislados y olvidados, siguen esperando que alguien, en algún despacho distante, decida finalmente enviar un docente y proveer las condiciones mínimas para que puedan recibir una educación digna.
La situación es no solo alarmante, sino también profundamente injusta. La escuela más cercana, lejos de ser una solución, representa un riesgo diario para estos niños, que deben enfrentar un trayecto peligroso y costoso para acceder a su derecho a la educación. Este viaje, lleno de obstáculos y peligros, es un lujo que muchas familias, ya de por sí golpeadas por la adversidad, simplemente no pueden permitirse.
Nuestro sistema informativo ha puesto en evidencia esta realidad desgarradora, no solo visibilizando la situación sino también buscando respuestas por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, a pesar de las promesas y de los llamados a la acción, la realidad para los niños de Canapo permanece inmutable, cruelmente estancada en un ciclo de abandono y desesperanza.
El pasado lunes marcó el inicio del año lectivo 2024 para las diferentes instituciones de Riosucio. Sin embargo, para los niños de Canapo, este hito pasó desapercibido, un cruel recordatorio de que, mientras otros niños se dirigen a sus aulas, ellos siguen esperando, con una mezcla de deseo y desesperación, que su pequeña escuela de madera y los pupitres, construidos con esfuerzo y esperanza por sus padres, sean finalmente ocupados por un docente.
La imagen que nos llega desde la comunidad, con una estructura en madera y unas sillas rodeadas de materiales didácticos, es una representación palpable de la solidaridad de la sociedad civil y del abandono por parte del Estado. Estos esfuerzos, aunque loables, no pueden ni deben sustituir la responsabilidad y la obligación que tienen las autoridades de garantizar el derecho a la educación.
Desde esta tribuna, hacemos un llamado urgente y contundente a la nueva administración municipal y a la secretaría de educación departamental. Es imperativo que se emprendan, sin más dilación, las gestiones necesarias para atender de una vez por todas las necesidades de los niños de Canapó. No podemos permitir que la indiferencia y la burocracia sigan robando el futuro y los sueños de estos niños. Es hora de actuar, es hora de devolver la esperanza a Canapó.
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