Un grupo de 1.600 habitantes del municipio de Atrato, Chocó, ha interpuesto una demanda significativa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el Estado colombiano, solicitando una indemnización que podría ascender a 220.000 millones de pesos. La acción legal, motivada por las consecuencias devastadoras de la minería ilegal de oro, busca compensación por los graves impactos en la salud de la población y el deterioro ambiental provocado por la contaminación con mercurio del río Atrato, un recurso esencial para la comunidad.
La demanda, que pone en el punto de mira a tres entidades gubernamentales —el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó)— y la administración municipal de Atrato, alega una responsabilidad significativa en la proliferación de la minería ilegal y la consiguiente crisis ambiental. Los demandantes argumentan que, desde 2006, la cuenca del Atrato ha sido explotada sin control por operadores extranjeros y grupos armados, resultando en la emisión masiva de mercurio y la contaminación de aguas y peces, un hecho que ha alterado drásticamente su modo de vida y bienestar.
Este problema ambiental no es nuevo para Colombia, país que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el tercer mayor emisor de mercurio a nivel mundial. A pesar de las medidas gubernamentales para restringir el uso de este metal pesado desde 2018, los habitantes del Atrato han experimentado los efectos nocivos de la contaminación por mercurio durante al menos dos décadas.
La denuncia también destaca la insuficiencia del sistema de acueducto local y los alarmantes niveles de mercurio en la sangre de los residentes, confirmados por estudios toxicológicos. Además, un informe reciente de la editorial científica Elsevier ha subrayado la severa contaminación de las especies de peces en el río Atrato.
En respuesta, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha presentado un documento defendiendo que no existen pruebas concretas que vinculen a las entidades estatales con los daños alegados. Esta postura ha intensificado la frustración entre las comunidades afectadas, que ven un reconocimiento insuficiente de su problemática por parte del gobierno.
Ahora, todas las miradas están puestas en la magistrada Adriana Bernal Vélez y el Tribunal Administrativo de Antioquia, cuya decisión podría marcar un precedente histórico en la defensa de los derechos ambientales y de la salud de las comunidades afectadas por la minería ilegal y la contaminación en Colombia.
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