Una preocupante situación se cierne sobre la comunidad indígena en Chocó, Colombia, donde miles de niños y adolescentes podrían verse obligados a interrumpir sus estudios debido a la insuficiencia de recursos financieros. Esta crítica circunstancia fue el centro de una reunión convocada por el gobernador encargado de Chocó, José Guido Mena, en la que participaron miembros de su gabinete, representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio Público, y líderes indígenas.
La falta de fondos ha impactado severamente el pago a profesores que educan a la juventud indígena y ha impedido la adquisición de kits escolares esenciales. Durante la reunión, se estableció que algunas organizaciones indígenas presentarán cuentas de cobro y recibirán resoluciones de pago. Sin embargo, otras aún esperan la aprobación de las autoridades y deben superar diversas observaciones para acceder a los fondos necesarios, lo que pone en peligro la continuidad educativa en sus colegios.
A pesar de las gestiones en curso con el Ministerio de Hacienda para liberar recursos y asegurar la operatividad de la Secretaría de Educación de Chocó, la situación no se ha resuelto por completo. Las organizaciones indígenas deberán reunirse con el gobernador encargado para discutir los siguientes pasos.
Esta crisis se avizoraba desde septiembre de este año, cuando la Procuraduría General de la Nación advirtió a la ministra de Educación, Aurora Vergara, sobre los problemas que enfrentarían aproximadamente 35.000 niños, niñas y adolescentes indígenas de Chocó. La raíz del problema se encuentra en la falta de acción oportuna del departamento de Chocó con el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), una herramienta clave para el seguimiento del número de estudiantes matriculados. Esta omisión resultó en que el Ministerio de Educación no asignara los recursos necesarios para sostener la educación de la población estudiantil indígena.
Esta situación destaca la urgente necesidad de una coordinación efectiva y una acción rápida por parte de las autoridades para garantizar el derecho a la educación de las comunidades indígenas, una población ya vulnerable que ahora enfrenta un riesgo aún mayor de quedar excluida del sistema educativo.
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