En la cuarta sesión de la Mesa de Articulación Interinstitucional para la Restitución de los Derechos de las comunidades de La Larga y Tumaradó, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, junto con la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó, Codechocó, y la Alcaldía de Riosucio, informó sobre el número de hectáreas cultivadas de arroz al interior del territorio colectivo del consejo comunitario de Cocolatú y el censo de las personas que están adelantando esta actividad.
Personal del ICA viene acompañando este proceso, en el marco de la concertación del plan de acción e indicadores de seguimiento al Auto srvnh04/04-86/22 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para la protección de los derechos fundamentales de las comunidades del golfo de Urabá, poblaciones ubicadas en los límites de los departamentos de Antioquia y Chocó.
Adicionalmente, funcionarios del ICA que participaron en la mesa detallaron sobre la cantidad de hectáreas cultivadas de arroz de manera ilegal por invasores y el compromiso de entregar un reporte de los permisos que han otorgado para la utilización de fuentes de agua existentes.
“En estos espacios de diálogos las comunidades expresaron sus inquietudes y propuestas. De las 161 medidas dispuestas por el Auto, solo una le corresponde al ICA. Estamos trabajando y acompañando a estas comunidades de La Larga y Tumaradó que se ven afectadas por los cultivos ilícitos, los cuales generan violencia y desplazamiento, ya que invaden sus territorios y hacen uso indebido de sus reservas de agua”, explicó el gerente seccional (e) del ICA, en Antioquia, Néstor Mauricio Cañas Zapata.
La autoridad sanitaria nacional advirtió que el uso de semilla no certificada o pirata por cultivadores ilegales de arroz aumenta la presencia de plagas y enfermedades, así como el incremento en la cantidad y variedad de maleza, generando mayores costos en la producción y baja productividad, atentando contra el medio ambiente.
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