En una resolución sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decretado medidas cautelares en dos cementerios de la región de Urabá en Antioquia, tras recibir testimonios que indican la posible ubicación de restos de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.
Los cementerios en cuestión, ubicados en los municipios de Mutatá y Carepa, han sido protegidos de cualquier intervención, incluyendo obras de remodelación y reubicaciones de restos, por un período de seis meses, una restricción que podría ser prorrogable dependiendo de los avances de la investigación.
La decisión se basa en la información proporcionada por 147 comparecientes, entre los que se encuentran exmiembros de las FARC, civiles y ex y actuales miembros de la fuerza pública. Los testimonios revelan que en estos cementerios podrían estar enterradas numerosas víctimas no identificadas del conflicto armado, a menudo enterradas bajo alias o en fosas comunes.
Además de los testimonios, investigadores del tribunal han llevado a cabo inspecciones en los cementerios y han identificado que se han sustraído restos óseos de personas enterradas allí. También se ha confirmado que se han realizado nuevas construcciones en puntos del cementerio de Carepa, donde un exmilitar informó que la Brigada 17 del Ejército Nacional depositó a las víctimas en condición de “NN”.
La medida cautelar es parte del macrocaso 04 sobre la situación territorial de Urabá, un área que ha sufrido graves crímenes cometidos por agentes del estado, guerrillas y grupos paramilitares. Con esta decisión, la JEP busca proteger y preservar la integridad de los posibles restos y detalles que puedan contribuir a la investigación de este tribunal de paz.
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