Tras una exitosa reunión en Apartadó, se ha conformado la Red de Operadores de Métodos de Resolución de Conflictos (MRC) del Bajo y Medio Atrato. En el encuentro participaron 23 conciliadores en equidad, conciliadores en derecho, mediadores comunitarios y jueces de paz de los municipios de Vigía del Fuerte, Bojayá, Riosucio, Carmen del Darién y Unguía.
Los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC) representan un conjunto de mecanismos eficientes y prácticos, que se distinguen de la justicia ordinaria y que buscan fomentar y gestionar la construcción de acuerdos. Estos mecanismos facilitan la solución pacífica de conflictos mediante la intervención de un tercero imparcial (conciliador, mediador, juez de paz) que actúa como facilitador en la búsqueda de soluciones.
Durante el encuentro, los participantes realizaron un análisis situacional de los operadores de estos métodos en las subregiones del Bajo y Medio Atrato, formalizaron la Red de Operadores MRC y realizaron la votación de su Junta Directiva.
Luis Enrique Moya Lara, conciliador en equidad de Carmen del Darién, destacó la relevancia de esta iniciativa: “Es importante crear esta red de MRC porque con esto estamos entretejiendo saberes del pueblo negro a través de la conciliación, como nuestros ancestros lo hacían, pero llamado de otra manera y con la orientación del Ministerio de Justicia y del Derecho. Creo que desde mi rol aporto a consolidar esta red a partir del ejemplo, el amor por mi familia y la comunidad, la unidad y la confianza para mediar los conflictos y orientarlos hacia la paz”.
Con los representantes para los cinco municipios ya seleccionados, se recopilaron propuestas para la elaboración de un plan de acción que contempla jornadas de fortalecimiento y/o capacitación, y jornadas de réplica en Instituciones educativas, Juntas de Acción Comunal y otros escenarios.
Esta iniciativa, impulsada por el Programa Justicia Inclusiva de USAID en colaboración con el Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene como objetivo fortalecer y desarrollar una agenda común para promover la transformación del territorio, mejorar la calidad de vida y empoderar a las comunidades, en particular a los conciliadores, mediadores y jueces de paz que contribuyen a la resolución de conflictos en los territorios.
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