No hay Estado en esas regiones y todos tenemos la obligación de colocar allí la institucionalidad de manera permanente”, aseguró la Procuradora Margarita Cabello Blanco.
Entre las preocupaciones expresadas por el Ministerio Público estuvieron que la población migrante continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y otras conductas.
Luego de reunirse con las entidades nacionales, gobernaciones y alcaldías encargadas de atender la crisis migratoria en Antioquia, Chocó y Norte de Santander, por cuenta de la llegada diaria de miles de migrantes provenientes de al menos siete países, que en su mayoría hacen tránsito hacia Centroamérica y Estados Unidos, la Procuraduría General de la Nación concluyó que las medidas adoptadas por estas han sido insuficientes y la problemática persiste.
Durante el encuentro, en que se verificó la puesta en marcha de 48 recomendaciones clave plasmadas en un informe preventivo de la Delegada para los Derechos Humanos sobre el tema en enero pasado, la procuradora Margarita Cabello Blanco expresó su preocupación por la falta de presencia estatal en los territorios.
“No hay Estado en esas regiones y todos tenemos la obligación de colocar allí la institucionalidad de manera permanente. Necesitamos encontrar soluciones reales a esta crisis que persiste y se agrava cada día”, aseguró la Procuradora.
Entre las grandes preocupaciones expresadas allí por el Ministerio Público estuvieron que la población migrante continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y estafas, entre otros flagelos.
También advirtió que el tema migratorio fue asignado por el Gobierno a un grupo interno de trabajo, cuando antes se encontraba en una gerencia, reduciendo así su capacidad de gestión.
El delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, cuyo despacho ha venido liderando las acciones preventivas de la Procuraduría frente a la crisis, llamó la atención también sobre la urgencia de que la Cancillería avance en la implementación de la Política Integral Migratoria y fije su ruta de implementación nacional y territorial.
Además, insistió en la necesidad de incluir a los entes territoriales en la implementación de esta política pública, no solo pidiéndoles informes básicos de cumplimiento, sino buscando integrar las medidas que se encuentran en la ley 2136 de 2021 al contexto particular de cada región.
Finalmente, el delegado Sarmiento resaltó la iniciativa de las gobernaciones de Antioquia y Choco, frente a la creación de una única instancia entre sus administraciones para la población migrante.
Advirtió también que el rol de la cooperación internacional frente al seguimiento, asistencia y orientación de la población migrante no es una responsabilidad, como si la tienen las administraciones del orden nacional y territorial, sino una labor de apoyo y fortalecimiento de las capacidades institucionales, limitada en tiempo y recursos.
