En Pie de Pató, al igual que en numerosas ocasiones anteriores, la falta de agua es una realidad. A pesar de ello, el centro de salud, el único disponible para los 28.000 habitantes del Alto Baudó, en el departamento colombiano del Chocó (oeste), abre sus puertas con apenas cuatro médicos y un reducido número de enfermeras.
El calor es sofocante, con un 80 % de humedad y condiciones evidentes de insalubridad. Estas circunstancias son un caldo de cultivo perfecto para la propagación de enfermedades como la malaria, afecciones pulmonares, deshidratación y desnutrición infantil.
La atención médica preventiva es prácticamente inexistente, ya que apenas se ven personas mayores en las calles.
Esta situación refleja la realidad de la atención sanitaria en las zonas rurales de Colombia, agravada en esta área del Pacífico por la presencia de grupos armados y una orografía complicada. Sin embargo, es evidente el abandono por parte del Estado, algo que el presidente Gustavo Petro pretende abordar con una reforma en el sistema de salud.
Escasez de recursos
Jany García, enfermera en Pie de Pató, reclama que los recursos disponibles son insuficientes. Aunque cuentan con un pequeño laboratorio, una zona de odontología y cinco habitaciones dobles, los suministros, incluidos los medicamentos, son muy escasos y cualquier emergencia requiere el traslado del paciente a un hospital.
Atienden a cerca de cien pacientes diarios y remiten a varios de ellos al único hospital público de la capital, Quibdó, el cual funciona correctamente. Sin embargo, estos traslados implican hasta diez horas en lancha o cinco horas por tierra, en su mayoría asistidos por Médicos Sin Fronteras (MSF), quienes se encargan de los gastos.
Wartinson, un bebé de varios meses de edad perteneciente a la comunidad indígena embera de Pavarandó, fue ingresado en el centro de salud hace seis días debido a complicaciones pulmonares, tos y diarrea.
“MSF cubre los gastos de gasolina de la lancha, que ascienden a 108.000 pesos (25 dólares), y después de hospitalizarlo, nos otorgan 67.000 pesos (17 dólares) diarios para cubrir nuestros gastos aquí”, relata. Por suerte, su hijo se está recuperando.
Más allá del pueblo
En Chachajo, una pequeña localidad con alrededor de 800 habitantes ubicada a tres horas en barco desde Pie de Pató, solo cuentan con la presencia de Miriam Palacios, una promotora de salud sin formación formal. El centro que visita dispone de cuatro salas vacías y una camilla.
“Mi tarea consiste en promover la salud y prevenir enfermedades. Si llega un enfermo, lo atiendo y le proporciono los primeros auxilios”, explica Palacios. También se encarga de coordinar los traslados a Pie de Pató.
Solo dispone de acetaminofén, ibuprofeno, sulfato de zinc y suero oral. Las suturas las realiza con aguja e hilo de coser, y guarda los materiales en una botella de refresco desinfectada.
¿Cuál es la situación de la atención médica en áreas rurales?
La propuesta de Petro busca incrementar los recursos y el control en la atención médica rural, aunque las empresas privadas proveedoras de servicios de salud seguirían siendo las encargadas de gestionarlos. Aproximadamente el 24 % de la población colombiana vive fuera de las ciudades, lo que equivale a unos 12 millones de habitantes.
El sistema sanitario actual es mixto y complejo, dependiendo de las Empresas Proveedoras de Salud (EPS), ya sean privadas o de propiedad mixta, para garantizar y gestionar los servicios de salud.
Las EPS contratan a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y les asignan fondos en función del número de personas afiliadas, siendo estas últimas las que atienden directamente a los pacientes. Esto genera desigualdades en el acceso a la atención en zonas remotas y rurales debido a la terciarización del servicio.
En Pie de Pató, además, se ha suspendido el transporte médico de pacientes a Quibdó debido al impago de la IPS, y ahora dependen de un transporte regular que no cumple con las condiciones sanitarias necesarias.
“Existe un problema estructural a nivel del Gobierno central, las EPS y las IPS. Muchas veces, las EPS se escudan en el hecho de que las IPS no les pagan, lo que resulta en una mala calidad del servicio”, explica Tatiana Jaramillo, coordinadora de salud de Pie de Pató.
La reforma sanitaria propuesta por Petro no ha estado exenta de críticas y dificultades. La autora del proyecto, Carolina Corcho, ya no es ministra de salud y la oposición ha puesto en jaque la iniciativa.
El planteamiento busca que aproximadamente el 80 % de los recursos estatales sean transferidos directamente a los hospitales y las IPS, de manera que estas cuenten con los recursos necesarios para atender a los pacientes de forma directa. También busca un mayor control sobre los proveedores y la eliminación de intermediarios. Las EPS no desaparecerían, sino que se convertirían en gestoras administrativas de los afiliados.
No obstante, a pesar de la voluntad de ampliar la atención primaria y preventiva, no está claro cómo se financiaría en un país donde solo el 4,5 % de la población cotiza.
“Si el Gobierno tuviera en cuenta estas zonas rurales complejas, tanto en términos de acceso geográfico como de población, la situación sería diferente. No es lo mismo estar en el Alto Baudó que estar en Bogotá. Aquí todavía estamos buscando cómo remitir a un paciente”, insiste Jaramillo.
Cortesía: AGENCIA EFE
