La Fiscalía General acusó a Bayron Alfredo Jiménez Castañeda, alias ‘Gordo Pepe’, por el masivo desplazamiento de varias familias en las cuencas rivereñas de Curvaradó y Jiguamiandó del Chocó, con el fin de facilitar la llegada a la región de palmicultores y ganaderos para expandir sus actividades agropecuarias en áreas protegidas.
Según contaron comandantes paramilitares en las investigaciones, ‘Gordo Pepe’ compró tierras para dedicarlas a la siembra de palma en los territorios de protección especial.
Para lograrlo, habría contado con la ayuda de notarios y funcionarios públicos para que esas estructuras se apoderaran de manera ilegal de varias hectáreas de tierra. Entre ellos están, por ejemplo, Cecilio Moreno Arroyo, alcalde del municipio de Riosucio en el año 2000 y Luis Carlos Legarda Ruiz, exnotario de Carepa (Antioquia).
El primero se habría valido de su cargo como mandatario municipal para expedir resoluciones de adjudicación de varias hectáreas en Curvaradó, mientras que el segundo, habría tramitado irregularmente escrituras sobre terrenos de especial protección.
Los tres deberán responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
También fueron acusados los comerciantes Víctor Eduardo Nicholl Correa y Fabio Gil Mesa, por invasión de áreas de especial importancia ecológica.
“En los últimos dos años, la Fiscalía ha emitido resolución de acusación contra nueve ganaderos, una comisionista, dos funcionarios del Incoder y tres notarios. En este momento, seis personas enfrentan juicio y siete más están condenadas”, dijo el director de Justicia Transicional de la Fiscalía, Salomón Strusberg Rueda.
