En medio de la continuidad de dinámicas militares regulares e irregulares, de las cuestionables actuaciones de la empresa minera cobre que viene tensionando la vida comunitaria, se conoció el absurdo judicial en que se ordena la captura de reconocidos líderes del territorio colectivo.
Entre los líderes reconocidos se encuentran Erasmo Sierra, Félix Alvarado Zabaleta, Wilson Mena Romaña, Ovidio González Cabrera y José Yesid Guzmán Rodríguez.
Acusados por la Fiscalía General de la Nación por supuestamente pertenecer a las extintas guerrillas de las FARC-EP, el proceso 2022 que se inició en el año 2004 se reactivó con ausencia de sana crítica pues las imputaciones genéricas carecen de circunstancias de modo, de tiempo y lugar, y se sustentan en testigos que carecen de controversia.
Según el ente acusador, los líderes no se desmovilizaron en el proceso de paz suscrito entre el Estado y las FARC, entonces siguen siendo responsables penalmente del delito de “rebelión” por auxiliar a la guerrilla al crear zonas de neutralidad frente a todos los grupos armados.
Los líderes curiosamente han sido señalados por las FARC de ser neutrales y por los paramilitares que operaban apoyados por la Brigada 17 de ser guerrilleros. Y ambos les cuestionaban por enfrentar al sector palmero y ganadero, que se ha beneficiado y/o participado en el plan de despojo criminal. Desconoce el ente acusador la destrucción de la delimitación de las Zonas Humanitarias por las FARC y los centenares de testimonios y sus núcleos familiares que dan fe y pruebas que ninguno de estos líderes han sido auxiliares de la guerrilla.
Los testimonios que los acusan están llenos de estigmatización, contradicciones, vaguedades y hasta de prebendas. Algunos señalan como muestra de sus conductas delictivas el participar de la conformación de autoridades étnicas, el salir a denunciar en Bogotá los atropellos de los paramilitares o el cercar la zona de humanitaria para distinguir el espacio de neutralidad. Otros incurren en contradicciones y hasta algunos aceptan que dieron los testimonios porque a cambio la Fuerza Pública les dio mercados o les prometió ayudas. Otros líderes judicializados en este mismo proceso fueron absueltos debido a las endebles pruebas que los acusaban.
Estos líderes podrían haberse acogido a la amnistía por derecho que establecieron los Acuerdos de Paz, aceptando la condición de rebeldes y un delito que nunca cometieron, camino que habría ahorrado este absurdo judicial. Pero nunca fueron auxiliares de la guerrilla ni cometieron delito alguno.
Lamentable la absurda persecución del aparato judicial ante 26 años de sistemática impunidad, que sigue ahí, sin resolver de fondo los asuntos estructurales del desplazamiento y el despojo, sin actuar contra los responsables, esos sí, poderosos criminales que por acumulación de capital e imponer un modelo de desarrollo siguen disfrutando del uso de la violencia para sus negocios. Queda que un Fiscal de mayor jerarquía, en apelación, actúe en derecho o en caso contrario ir a juicio para demostrar su inocencia ante los jueces.
Fuente : Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
