La jueza ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) trabajar coordinadamente durante los próximos seis meses con la Agencia Nacional de Tierras, la Alcaldía de Quibdó y el Ministerio del Interior, por la reubicación de esta población en un territorio digno.
Por intervención de la Procuraduría General de la Nación, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó, Chocó, amparó los derechos al territorio, vida y vivienda digna, alimentación, pluriculturalidad y agua de las familias indígenas de los pueblos Embera y Wounaan, que se encuentran en 15 asentamientos en puntos de la capital del Chocó, a causa de la violencia armada al norte del departamento.
En fallo de primera instancia, la jueza que recibió por reparto la acción de tutela que interpuso el órgano de control, ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) trabajar coordinadamente durante los próximos seis meses con la Agencia Nacional de Tierras, la Alcaldía de Quibdó y el Ministerio del Interior, para adelantar gestiones administrativas y financieras que permitan reubicar a esta población en un territorio digno, donde puedan desarrollar sus planes de vida, prácticas culturales y ancestrales.
Además, estableció que la UARIV deberá actualizar los datos en el Registro Único de Víctimas de los 15 asentamientos indígenas compuestos por miembros de las asociaciones de víctimas de los Pueblos Indígenas del Chocó y Wounaan de Quibdó.
La acción judicial fue presentada por la Procuraduría Regional Chocó, como parte de un trabajo mancomunado ejecutado con las procuradurías delegadas para Asuntos Étnicos y Seguimiento al Acuerdo de Paz, ante las alertas por el incremento de familias que llegaron a instaurarse en los asentamientos indígenas.
El Ministerio Público estará vigilante al cumplimiento de esta sentencia por parte de las entidades responsables, con el único interés de proteger los derechos de las comunidades indígenas del Chocó.
