Entre 1990 y 2014, Colombia emitió 237 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera cada año. El Inventario Departamental de Gases de Efecto Invernadero (GEI) da cuenta de eso.
En el informe elaborado para el Segundo Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se determinó que 16 departamentos liberan el 75% de las emisiones de GEI en el país. Antioquia, Meta, Caquetá, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Boyacá y Bogotá emiten el 50%, mientras que Bolívar, Guaviare, Atlántico, Casanare, La Guajira, Tolima, Córdoba y Cesar, generan el 25%.
Según el análisis realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, la Cancillería y el Departamento Nacional de Planeación, las actividades que más gases de efecto invernadero generaron en el último año del inventario (2014) fueron las relacionadas con la deforestación y la gestión de las tierras forestales, con un 33%, seguidas por el sector agropecuario (22%), las industrias energéticas (14%), las manufactureras y de la construcción (12%), el transporte (12%), el saneamiento básico (4%) y el residencial (3%).
El inventario resalta que, del total de gases emitidos en Colombia, 23 millones de toneladas fueron absorbidos por las plantaciones forestales, los bosques naturales y los cultivos representativos del país.
En este sentido las acciones del país en contra del cambio climático son positivas de hecho Colombia recibió el premio por su búsqueda de esquemas financieros que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera y que son el motor del cambio climático. Sobre todo les impresionó el innovador mecanismo que el Gobierno colombiano estrenó en 2017, con el que las empresas privadas que deben pagar un impuesto al carbono por los combustibles fósiles que consumen pueden, en vez de hacerlo, compensar sus emisiones apoyando proyectos que alientan la conservación.
Un pilar de esa estrategia son los proyectos REDD+, que enlazan a comunidades locales que están frenando la deforestación con empresas que quieren neutralizar su propia huella de carbono.
REDD+ es un mecanismo de compensación económica por la conservación del carbono que capturan los bosques en pie. Colombia ha avanzado en su proceso como país REDD+, dentro del marco de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático.
Los mercados de carbono se implementaron en el mundo en 2003 y los primeros países en adoptarlos fueron Noruega y Suecia, con un valor inicial de 24 dólares para un “bono de carbono”; ahora, según las condiciones del mercado se negocia un nuevo precio.
Cuando se firmó el Acuerdo de París, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones proyectadas en un 20 %, por eso se considera que para lograr dicha reducción está el mercado de carbono.
En Colombia se generan unos bonos –válidos en otros países– con los cuales se pretende que las empresas extranjeras compensen los contaminantes que no pueden reducir por sus operaciones en el país.
Para transar activos dentro del mercado voluntario de carbono, una empresa puede ejecutar proyectos de siembra o resiembra de árboles o plantas nativas de un territorio. También puede ejecutar un proyecto de energía eólica o energía solar.
Un bono de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono. Para transar estos activos, las empresas deben conseguir un auditor que verifica que las emisiones compensadas son legítimas.
Cuando un auditor aprueba el proyecto mediante la emisión de bonos o créditos de carbono, estos pueden ser comercializados en mercados nacionales o internacionales. Las certificaciones validan que los proyectos redujeron o removieron determinada cantidad de emisiones de dióxido de carbono.
Los compradores de estos activos son empresas interesadas en disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. Una vez realizada la transacción de carbono, el comprador disminuye sus emisiones.
Otra función de este mercado es que, mediante los bonos, las empresas terminen pagando menos en el tributo correspondiente al impuesto nacional al carbono, establecido en Colombia desde 2016. A 2021, este corresponde a $17.660 por tonelada de dióxido de carbono producida.
A 2019, según la firma suiza Allcot, desarrolladora de proyectos de transición energética, este impuesto representaba hasta $664 millones al mes a un gran consumidor de combustibles fósiles por las emisiones equivalentes a 40.466 toneladas de dióxido de carbono.
Si la misma empresa intenta compensar sus emisiones mediante la compra o emisión de créditos de carbono, puede ahorrar más de $45 millones al mes. Ese ahorro podría convertirse en más de $500 millones al año.
Beneficio económico – Gran consumidor
Un gran consumidor de varios combustibles fósiles y con emisiones de 40 mil toneladas de CO2 mensuales, puede ahorrar más de $500 millones al año en el tributo nacional al carbono ($46,5 millones x 12)
Proyectos en Colombia
En el Pacífico Colombiano inicialmente había ocho proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD++). Estos buscan compensar a las comunidades por proteger los bosques, fortalecer su gobernanza y promover actividades económicas sostenibles.
Ese programa se implementó en cuatro departamentos y 14 municipios del Pacífico. Involucró a 18 consejos comunitarios y un cabildo indígena. Protegió 505.053 hectáreas y benefició a 10.809 familias.
Bonos de carbono y ODS
El programa evitó la emisión de 5,5 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que corresponde al número de emisiones anuales producidas por un millón de personas. Esto, a su vez, permitió cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este avance en materia de ODS, empresas de diversas industrias y Estados resuelven algunos de los problemas más grandes que tiene el mundo.
El Portafolio REDD+ comunitario en el Chocó Biogeográfico está compuesto por nueve proyectos REDD+ verificados por la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) y el Estándar de Carbono Verificado (VCS). Diecinueve comunidades étnicas del Chocó Biogeográfico trabajan hace 12 años en estos proyectos, que están compuestos por nueve proyectos REDD+ que aseguran la conservación de 710.000 hectáreas de bosque tropical, mejoran las condiciones de vida de 40.000 personas de las comunidades, y contribuyen al cumplimiento de las metas nacionales de mitigación de cambio climático.
Es un programa que promueve la gobernanza comunitaria y el manejo sostenible de la biodiversidad del Pacífico colombiano.
En Riosucio prácticamente todos los consejos comunitarios tienen acuerdo con la empresa Wildlife Works (UARLAIF WORKS) Colombia. Algunos más avanzados que otros y tenemos entendido que por su parte los resguardos o comunidades indígenas del municipio también adelantan acuerdos para la venta de los bonos ambientales
En este sentido consultamos por cómo se mueve este mercado y como el incremento de los precios de los bonos de carbono afectan a empresas como las encargadas de generar y vender energía eléctrica y las de gas natural.
El precio que se paga por contaminar en Europa, es decir, los llamados derechos de emisión de CO2 y el gas natural, uno de los combustibles fósiles con el que se produce energía y que también está alcanzando un alto coste. Este, además, emite dióxido de carbono, al igual que el carbón, y ha de pagar el canon de emisión impuesto por la Unión Europea en plena lucha por la descarbonización.
Antes de la pandemia de COVID-19, el contrato de emisión de carbón rondaba los 20 euros, en diciembre de 2020 superó por primera vez los 35 euros. En el mes de agosto y concretamente en los últimos meses, ha llegado a rozar los 60 euros, concretamente 55,72, por tonelada de CO2.
Según estos precios del mercado internacional, como se han venido pactado estos convenios con las autoridades étnicas de Riosucio Chocó.
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