La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el «notable» incremento del desplazamiento interno forzado en Colombia.
«Se advierte que los eventos de desplazamientos forzados masivos en el país aumentaron significativamente», señala el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
De acuerdo con el informe ‘Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2020’, publicado en junio por la Agencia de la Organización de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Colombia sigue reportando el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo, con un total de 8,3 millones a finales de 2020.
Además, según datos más recientes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y agosto de 2021, el número de víctimas de desplazamiento forzado ha aumentado en un 135 %, en comparación con el mismo período de 2020; además, en ese lapso, la cifra de eventos de este tipo se incrementaron en un 47 %.
En concreto, de acuerdo con la OCHA, el número de desplazados era de 57.100 personas, «y ha duplicado y hasta triplicado el número total de desplazados en emergencias masivas anuales desde 2012».
Defensoría del Pueblo atiende a desplazados en el municipio de Alto Baudó, Chocó, febrero 2021Defensoría del Pueblo Colombia /www.defensoria.gov.co
«Los principales afectados son las comunidades étnicas de los departamentos de la costa pacífica y noroccidente del país», dice la OCHA, que destaca que solo el 18 % de las personas ha logrado retornar a su lugar de origen.
En ese conteo no están incluidos los recientes casos de septiembre. Por ejemplo, hace algunos días, cerca de 1.000 personas pertenecientes a la etnia emberá tuvieron que desplazarse hasta el resguardo Pueblo Nuevo, en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia. Asimismo, a principios de mes, ocurrió un masivo desplazamiento en varias comunidades rurales cercanas a la ciudad de Cúcuta, en el Norte de Santander; mientras, diez familias tuvieron que huir de sus casas en los municipios rurales Isla de la Cruz y San Miguel, en el Chocó.
Las causas
La CIDH señala en su comunicado que entre las causas de estos desplazamientos está «la expansión de grupos armados no estatales que amenazan y expulsan a la población local de sus territorios».
También apunta como una de las causales que dan origen a este fenómeno «los escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz», que firmó el Gobierno colombiano, durante la administración de Juan Manuel Santos, con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
Además, dice la CIDH, están «la reducción del presupuesto para la atención de contingencias», «la ausencia o insuficiencia de la asistencia a las víctimas» y «la realización de retornos inmediatos sin análisis de riesgo y garantías de retorno seguro».
Llamado al Estado
La CIDH llamó a las autoridades colombianas a «adoptar medidas integrales para prevenir las causas que subyacen a estos fenómenos» y a «garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas».
En ese sentido exige al Estado «proteger y brindar asistencia durante el desplazamiento», «prestar y facilitar la asistencia humanitaria» y «adoptar medidas de retorno, reasentamiento o reintegración local, en condiciones de seguridad».
El organismo reconoce que el Estado ha hecho esfuerzos para hacer frente a esta situación, mediante medidas como la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Estrategia de Protección para poblaciones vulnerables (ESPOV) y el Sistema de Alertas Tempranas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
No obstante, señala que «la respuesta no sería adecuada atendiendo la dimensión del fenómeno» y «no garantiza una efectiva protección de derechos a las víctimas de desplazamiento interno».
