El gobernador de ese departamento ya había denunciado esas irregularidades en medio de la emergencia por la pandemia.
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, encendió las alarmas y cuestionó la llegada de varias camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) usadas al departamento del Chocó, que iban a ser destinadas para el tratamiento de pacientes contagiados de COVID-19 en diferentes centros hospitalarios de la región.
El gobernador de ese departamento, Jefferson Mena, ya había denunciado esas irregularidades que se desprenden de un millonario contrato para la compra de camas UCI por 1.600 millones de pesos, que firmó el suspendido gobernador Ariel Palacios.
De acuerdo con un informe de la Contraloría General, el contrato presentaría sobrecostos, mientras el procurador Carrillo denunció que las camas son obsoletas, pues al parecer ese modelo ya salió del mercado.
“Algunas piezas de pasta presentan amarilleo, algunos enchufes se encontraban en mal estado (…) hay evidencia de barandas pintadas. Son camas remanufacturadas”, destaca uno de los apartes del informe presentado por la Contraloría.
Carrillo señaló que en el departamento del Chocó faltan equipos, medicamentos y unidades para hacer frente al aumento de casos de contagio por coronavirus que se disparó en las últimas semanas en esa región.
“Se ha perdido la capacidad de reacción frente al contagio y la adopción de medidas orientadas al adecuado cerco epidemiológico (…) falta de compromiso del Gobierno y de presencia gubernamental”, advirtió Carrillo.
El funcionario señaló que a los incrementos de casos por COVID-19, se suman los problemas alimenticios y otras enfermedades que enfrentan los habitantes de ese departamento y que no son bien tratados por la falta de insumos médicos.
“La malaria, dengue, infecciones respiratorias agudas, fiebre amarilla, paludismo salen a flote en este momento y hay evidencia en el retraso frente al tratamiento de estas enfermedades”, denunció el procurador.
Fernando Carrillo también se refirió a las graves violaciones de Derechos Humanos a los habitantes de la región, que son víctimas de grupos armados que hacen presencia en el territorio. “Continúan los asesinatos de lideres sociales y el reclutamiento forzado de menores en el Pacífico”, aseguró.
Fuente: Sistema Integrado de Información
