Por dar continuidad a la lucha armada de las Farc, a través del relanzamiento y reestructuración de esa organización y sus milicias con la denominada’Nueva Marquetalia’, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por diez años al exrepresentante a la Cámara, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’.
El órgano de control halló disciplinariamente responsable a Santrich por fomentar y ejecutar actos tendientes a la formación y subsistencia de grupos armados al margen de la ley, además de promoverlos, organizarlos, dirigirlos y colaborar con ellos, como se evidenció en las manifestaciones públicas realizadas en agosto y septiembre de 2019.
“Hernández Solarte, aún en su calidad de congresista, apareció en sendos videos que fueron publicados en distintos medios masivos de comunicación del orden nacional y en portales web, en los que consignaron el nacimiento de una nueva etapa subversiva, decisión que según sus mismas aseveraciones (…) se formalizó en reunión extraordinaria de comandantes llevada a cabo el 22 y el 24 de agosto de 2019”.
En fallo de única instancia, la Procuraduría calificó la falta del excombatiente como gravísima, a título de dolo, por afectación no justificada de sus deberes funcionales como congresista, quien en razón a su investidura estaba llamado a respetar el orden jurídico y la institucionalidad.
De Santrich se sabe que permaneció preso durante más de un año por su presunto vínculo con la organización criminal denominada ‘La Familia’, que tenía como objetivo el envío de droga a territorio extranjero. Una vez quedó en libertad, luchó para obtener la curul que le fue otorgada en el acuerdo de paz, sin embargo, cuando fue reconocido como miembro del legislativo el excomandante de las extintas Farc se dio a la fuga.
Lo último que se supo de el exjefe del grupo guerrillero es que se encuentra en territorio venezolano acompañado de ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’, ‘Romaña’, entre otros militantes que decidieron alzarse en armas y abandonar el acuerdo de paz.
Sobre Santrich pesan órdenes de captura emitidas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, así como una recompensar por más de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unido.
