En el noveno aniversario de la ley 1448 de 2011, esta dirección territorial de la Unidad para las Víctimas presenta un balance de las acciones ejecutadas en 14 municipios de Antioquia y Chocó.
En vigencia de la Ley de Víctimas, la territorial Urabá-Darién de la Unidad para las Víctimas ha adelantado procesos y acciones reparadoras que van más allá de la indemnización administrativa, logrando transformar vidas a nivel individual y colectiva.
Siendo esta una de las regiones emblemáticas, con más de 350.000 víctimas registradas por diferentes hechos derivados del conflicto armado, esta territorial ha liderado espacios interinstitucionales y de articulación con los entes territoriales contribuyendo a la implementación de las mediadas de reparación a la superación de la vulnerabilidad e inclusión social.
De ese modo se han podido adelantar proyectos de infraestructura social y comunitaria, orientados al suministro de materiales, mobiliario para la construcción y/o mejoramiento de infraestructura en comunidades que han sufrido desplazamiento y diferentes hechos, con una inversión cercana a los $1.500 millones.
Asimismo, se ha contribuido a la estabilización de miles de hogares por medio de la Atención Humanitaria, medida de asistencia dirigida a mitigar las carencias en alojamiento temporal y alimentación básica, en la vigencia de la ley estas familias han recibido 528.063 giros por recursos que ascienden a los $297.832 millones.
Estos mecanismos de asistencia y atención han permitido que alrededor de 89.371 hogares hayan superado la situación de vulnerabilidad, con los componentes de subsistencia mínima.
A través de la Ayuda Humanitaria Inmediata en especie se entregan bienes (alimentarios y no alimentarios) a los hogares víctimas con el fin de cubrir los componentes de alimentación y elementos de alojamiento (que incluye artículos de aseo y artículos de cocina) en monto de $3.742 millones.
En la vigencia de la ley, 53.721 personas víctimas han recibido la indemnización administrativa con una inversión de $432.890 millones.
“Este balance general permite evidenciar los avances, logros y retos de la Ley que aún quedan por cumplir, y revela la madurez y el aporte de la institucionalidad por cumplirle a la población víctima en una de las regiones más golpeadas por el conflicto en el país, el aporte que se continúa haciendo a la construcción de paz y al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo sostenible desde el enfoque de derechos”, expresó Elizabeth Granada Ríos, directora de esta territorial,
Destacó de igual manera, la cifra histórica en indemnizaciones registrada en la región durante estos dos años, 2018, 2019 y lo que va corrido de este 2020, en las cuales se cuentan más de 13.700 indemnizaciones notificadas.
En la actualidad se cuenta con 43 sujetos de reparación colectiva, étnicos y no étnicos en diferentes fases de implementación, de los cuales 8 han recibido la medida de reparación colectiva, seis comunidades indígenas y dos consejos Comunitarios. “El año pasado se dio cumplimiento a los planes de reparación colectiva de dos sujetos emblemáticos, Barrio El Bosque en Chigorodó y Pueblo Bello en el distrito especial de Turbo, con una inversión, en los dos procesos, superior a los $2.100 millones de pesos”, agregó la directora.
La entidad ha podido llegar a las comunidades con proyectos, con asistencia técnica y acompañamiento a los municipios mediante escenarios de corresponsabilidad, con los 14 municipios de la subregión, dando respuesta a más de 76.833 solicitudes de víctimas en los puntos de atención, la cual se complementa con las jornadas móviles de atención en puntos distantes de las cabeceras municipales.
