Barrios Unidos es la cuarta peor EPS, entre 32, que hay en el país.
El pasado 11 de junio la Superintendencia de Salud ordenó la intervención del Hospital de segundo nivel San Francisco de Asís, en Quibdó, Chocó. Después de dos auditorías, la entidad que dirige Fabio Aristizabal concluyó que la situación del centro médico era insostenible: el pasivo era de más de 16 mil millones y no funcionaban los servicios de radiología, el laboratorio de patología, de cuidado intensivo neonatal, cardiología y cirugía pediátrica. Nada de esto es nuevo para los habitantes del departamento con mayor desigualdad del país.
En julio del 2016 la Superintendencia de salud del gobierno Santos, ya había intervenido y liquidado el hospital. En aquella ocasión el pasivo era de 37 mil millones de pesos y tampoco funcionaban los servicios hospitalarios. Un médico del hospital con el que hablamos, el doctor Carlos Hernando Libreros, pediatra y que lleva más de 20 años trabajando en el San Francisco de Asís, recordaba que la crisis comenzó desde el 2000, y que todas las intervenciones han “desastrosas. La última devolvió el hospital sin lo necesario para atender a los pacientes”.
Rastreando esta historia de malos manejos, en el 2007 el entonces Superintendente de salud José Renán Trujillo decidió quitarle la licencia a una EPS del Chocó, Barrios Unidos, porque no pagaba a los hospitales, porque a pesar de tener la mayor cantidad de afiliados en el Chocó, su sede administrativa estaba en Barranquilla, porque su patrimonio era menor al exigido y porque muchos de sus pacientes no tenían red de cobertura. 13 años después, esa misma EPS sigue ahí. Y sus prácticas no han cambiado en lo absoluto.
Esta EPS, Barrios Unidos, o Ambuq – su nombre jurídico – es todavía la EPS que más le debe al hospital, como lo confirma a Caracol Radio José Cuesta, presidente del Sindicato del hospital. “Esa EPS le debe al hospital más de 2700 millones de pesos. Ya desde el 2016 le debía más de 3000 millones”. Incluso, agrega José que el informe de cartera que enviaron, “no es legible”, o sea, no son claros los datos, no se pueden leer.
El año pasado la Superintendencia de Salud decidió revocar su operación en 3 departamentos: Córdoba, Magdalena y el Valle. Pero la EPS entuteló en el Chocó, y un juez local, del departamento, decidió dar la razón a la EPS. Este es el procedimiento común: tratan de liquidarlos porque no funcionan, y ellos ponen tutelas y siempre logran frenar la liquidación.
Es claro el poder político que acumulan estas prestadoras de salud en el departamento. El gobernador suspendido del Chocó, Ariel Palacios Calderón, al que el fiscal Francisco Barbosa le imputó cargos con medida de aseguramiento por irregularidades en contratos de la pandemia, fue por 14 años el Gerente de la EPS Barrios Unidos. Por eso, el veedor ciudadano del Chocó, Darwin Lozano, se pregunta si el señor Palacios no debió declararse impedido para actuar en los asuntos relacionados con el hospital. Pero no lo hizo. Incluso, el gobernador suspendido alcanzó a nombrar gerente del hospital a Julia Yadira Hálaby Córdoba, hija de William Hálaby Córdoba, exgobernador del Chocó de 2001 a 2003 y hermana de un excandidato a la Cámara por el Partido Liberal en las pasadas elecciones. Me haces campaña, me ayudas, yo te nombro.
La Superintendencia de salud descubrió también que la EPS Barrios Unidos duró años sin registrar lo que realmente debían. Es decir, las cuentas por pagar no eran claras, porque no declaraban las deudas que tenían. Para resumirlo en una línea: el pasivo entre 2015 y 2019 aumentó 471%, en casi 345 mil millones. Esta EPS, según el listado de quejas y reclamos de la SuperSalud, es la cuarta peor, entre 32, que hay en el país. En el 2015 tenía un déficit de 31 mil millones. Le ordenaron capitalizarse. 4 años después, el 2019, el pasivo aumentó 11 veces: es decir, de 31 mil millones, pasaron a 355 mil millones. La verdad, han sido las propias EPS del departamento, las que se han encargado de destruir el Hospital San Francisco de Asís.
