La llegada de la pandemia del coronavirus Covid-19 al país tomó por sorpresa a todos los sectores económicos y los obligó a tomar medidas que no tenían contemplada en sus planes de acción a corto, mediano y largo plazo.
Los efectos de esta pandemia se reflejan en las cifras oficiales que a diario entrega el Ministerio de Salud y Protección Social y en las decisiones en materia laboral que están tomando las empresas, la mayoría de ellas forzadas por el aislamiento preventivo obligatorio, la disminución o paralización de actividades y la reducción de sus ingresos.
El sector minero, pese a estar exento de la cuarentena nacional, se ha visto afectado por la ralentización de sus actividades. Las empresas mineras a gran escala extremaron las medidas de seguridad y redujeron significativamente sus operaciones manteniendo los empleos y el apoyo a las comunidades del área de influencia de sus proyectos.
Un panorama diferente vive la pequeña minería, especialmente las unidades de producción minera (UPM) del Bajo Cauca, nordeste de Antioquia y las del departamento del Chocó, cuyo flujo de caja difiere significativamente al de las grandes compañías.
El Programa Oro Legal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realizó un diagnóstico a las UPM que surten el proceso de formalización y encontró que cerca del 90% suspendieron actividades, salvo aquellas que cuentan con campamentos acondicionados para su personal con los protocolos que ordena la emergencia sanitaria para el sector.
Además del paquete de medidas tomadas por el Gobierno para contener el coronavirus, la falta de compradores y la caída del precio del oro en el mercado motivó la suspensión de operaciones de las pequeñas unidades mineras de Antioquia. Los compradores locales manifiestan no tener a quien vendérselo y argumentan que algunas comercializadoras están cobrando $60gr/día por su custodia. Por su parte, las comercializadoras Internacionales aluden que en este momento no pueden fijar precios de compra del metal por la imposibilidad de asegurar el transporte del mismo hasta las refinadoras en el exterior.
La parálisis de la cadena de suministros desencadenó el retorno de todos los empleados de las minas formales a sus hogares; en algunos casos bajo la modalidad de vacaciones no remuneradas por el tiempo que dure esta contingencia. Sin embargo, los empleadores se comprometieron a continuar con los pagos de la seguridad social porque tienen claro que, si los retiran en estos momentos, tanto los mineros como sus familias quedarían desamparados.
Para el caso del departamento del Chocó, el reciente brote del virus en Quibdó preocupa al personal de salud y a la comunidad dada la vulnerabilidad de la infraestructura hospitalaria, la carencia de elementos de bioseguridad en el equipo médico y la falta de unidades de cuidados intensivos. A este panorama se le suma la situación social de las comunidades, muchas de ellas viven en la pobreza extrema y dependen de la minería artesanal para su sustento diario.
En este dilema se encuentran los pequeños mineros de las comunidades rurales donde operan los proyectos de formalización, quienes comenzaron a sentir los efectos de las medidas para contener la propagación del coronavirus. Tal es el caso de las Áreas de Reserva Especial (ARE) de los municipios de Cértegui y Tadó, que se vieron obligadas a disminuir en un 90% sus operaciones por esta contingencia y también por el precio del oro a nivel local.
Pese a la estabilidad del metal a nivel internacional, su precio de compra cayó cerca del 50% del promedio del mercado. Por ejemplo, el castellano de oro (equivale a 4,6 gramos de oro), que se cotizaba a $700.000 ahora lo están pagando a $370.000.
Esta situación obligó a los compradores formales de oro a cerrar sus negocios, y les abrió la puerta a los revendedores. Este cese del comercio formal preocupa y enciende las alarmas, dado que ese oro que se encuentra en “cuarentena” esperando su salida, podría llegar a compradores ilegales.
