Deambulan en el casco urbano de Buenaventura e Istmina, desde hace más de siete meses, la comunidad Nonam Nuevo Haití, Resguardo Santa María de Pángala, municipio de Istmina, departamento de Chocó.
Algunos de sus pobladores afirman que denunciaron estos hechos a Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas desde hace 28 semanas.
Afirmaron ayer a un grupo de organizaciones de derechos humanos que continúan presos del temor, sin respuesta estatal ni local. La población permanece en dispersión, sus tierras abandonadas luego del horror experimentado desde el jueves 2 de agosto de 2019.
Una de los líderes afirmó que ese día, mientras algunos integrantes de la comunidad se hallaban en sus viviendas y otros en parcelas contiguas, desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. se produjo un enfrentamiento entre el ELN y militares a 100 metros del lugar de su caserío.
Sostienen que dentro de la actuaciones de las fuerzas regulares, éstas, desde tres helicópteros, bombardearon indiscriminadamente afectando la vida e integridad y bienes de supervivencia de la población.
Así destruyeron siembras de pan coger de banano, papachina y caña de azúcar. Una de las bombas cayó sobre la quebrada de Pángala haciendo boquetes sobre su curso y al parecer para la comunidad es la causa de la muerte de cinco civiles que se encontraban en camino hacia el Resguardo, tal como lo deduce el hecho que la mayoría de sus cuerpos se encontraban destrozados.
Horas después, afirma la comunidad, encontraron sin vida a dos niños y tres adultos Carmen Tulia Ismare, Hernando Chiripua, Edgar Cárdenas, Saili Chocho (16 años), Luis Chamarra (13 años)
De los cinco cuerpos solo uno, el de Carmen Tulia Ismare fue encontrado completo. Los otros cuatro cuerpos estaban destrozados. Fueron recogidos por partes.
Horas después, el viernes 3 de agosto, la comunidad realizó la inhumación de los restos de la señora Carmen Tulia Ismare en el cementerio del resguardo de Puerto Pizario. Los restos de las otras personas fueron inhumados en la Comunidad Nuevo Haití
Luego del doloroso sepelio, la totalidad de la comunidad, 105 personas, 16 familias, se desplazaron forzosamente. Unas familias se fueron hacia Istmina y otras a Buenaventura.
En Buenaventura 8 familias desplazadas( 26 personas. 14 niños 12 adultos) sólo recibieron una ayuda humanitaria de 100 mil pesos, carecen de un albergue, y a pesar de.sus denuncias todo se encuentra en impunidad.
Se solicita a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a la Fiscalía custodiar de manera urgente el cementerio indígena. A la institucionalidad y entidades del Estado urge una respuesta humanitaria y las debidas garantías para el retorno de la población, así como el debido esclarecimiento de los responsables.
Bogotá D.C., 3 de marzo de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
