Alrededor de 69 comunidades indígenas de los pueblos Guna Dule, Embera Eyabida, Katío, Dobida, Wounan y Senú, que habitan los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Unguía, Acandí, en el Chocó; y Chigorodó, Carepa, Mutatá, Turbo, Apartadó y Dabeiba, en Antioquia, fueron acreditadas por la La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP como víctimas.
El reporte del tribunal de paz da cuenta que al menos 11.762 personas fueron reconocidas en el marco del caso 04, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá.
La magistrada Nadiezhda Henríquez, quien es relatora de este caso, determinó la acreditación de estos resguardos y cabildos indígenas que podrán participar en calidad de intervinientes especiales para que puedan aportar pruebas, observaciones a las versiones que rindan los comparecientes, recibir copia del expediente y participar en todas las etapas de los procesos judiciales.
En su momento, las comunidades hoy aceptadas como víctimas relataron haber sido víctimas del conflicto armado por cuenta de múltiples violaciones a los derechos humanos, a través de asesinatos, intimidaciones y hostilidades a las comunidades, que afectaron a cada una de ellas de forma diferenciada.
Igualmente, las comunidades indígenas de Antioquia, pertenecientes a los pueblos Embera (Eyabida, Dobida, Chami) y Senú, manifestaron en su testimonio haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre otras, de coacciones que provocaron desplazamientos forzados y que tuvieron un fuerte impacto en sus formas de autogobierno y procesos organizativos.
