Las mesas de participación efectiva de víctimas de todo el país, y las entidades territoriales recibirán acompañamiento por parte de la Unidad para las Víctimas, para que la política pública concerniente a esta población quede incorporada en la planeación y con presupuesto asignado.
Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Magdalena son los primeros departamentos en los que la Unidad para las Víctimas iniciará talleres de fortalecimiento a las mesas de participación de víctimas para su incidencia efectiva en los planes de desarrollo territorial.
Estas jornadas, que se extenderán durante todo el mes de febrero en los 32 departamentos del país, son de vital importancia para las víctimas, porque los planes de desarrollo como instrumentos de planeación deben incorporar la política pública relativa a las víctimas y asignar su respectivo presupuesto.
La política pública para esta población comprende los componentes de prevención y protección; atención y asistencia, reparación integral, y verdad y justicia, y un eje transversal que es la participación.
Estos ejercicios de fortalecimiento para la incidencia tendrán el acompañamiento de la Procuraduría Regional, la Gobernación de cada departamento, directores territoriales y funcionarios de las subdirecciones de Participación y Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas.
“Tenemos el objetivo de que los alcaldes y gobernadores incluyan el tema de víctimas en los planes de desarrollo, pero sobre todo, dejar a las entidades territoriales una capacidad instalada que les permita formular de manera adecuada los planes de acción territorial. Frente a las mesas, lo que buscamos es fortalecer su acción para que puedan incidir en el proceso de planeación local y que sus propuestas sean tenidas en cuenta”, dijo Carmenza Carolina Cotes, subdirectora de Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas.
La jornada también incluye capacitación en temas como rol y escenarios de incidencia en la política pública de víctimas, Ley de Víctimas, Protocolo de Participación, competencias de las entidades territoriales, así como una verificación y revisión de los planes de trabajo y reglamentos internos de las mesas de participación de víctimas.
