Este lunes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió en Riosucio (Chocó) un informe por parte de los consejos comunitarios de Domingodó y Salaquí, sobre graves violaciones a los derechos humanos y la victimización de cerca de 700 familias de esta región en el marco del conflicto armado.
La entrega del informe por parte de estas comunidades, pertenecientes al pueblo afrodescendiente, contó con el apoyo de la Fundación ProClade (Promoción Claretiana para el Desarrollo) y de los Misioneros Claretianos de Colombia y Venezuela, que desde hace más de 30 años está presente en el Bajo Atrato, acompañando a las comunidades y organizaciones étnico-territoriales en su ejercicio de resistencia pacífica a la confrontación armada.
Con este informe, las comunidades del río Domingodó y del río Salaquí, ambas ubicadas en el norte del departamento del Chocó, esperan que los hechos acontecidos durante el conflicto armado sean tenidos en cuenta por la Sala de Reconocimiento de la JEP como aporte en el Caso 04, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá.
Al acto de entrega del informe asistió la magistrada Nadiezhda Henriquez, quien escuchó a los representantes del Río Salaquí, así como a un delegado de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA).
El cierre de esta jornada en Riosucio estuvo acompañado por un Alabao, un canto tradicional de viva voz de las comunidades, en memoria de lo sucedido. También, los líderes y lideresas de estos consejos comunitarios dialogaron con la magistrada Henríquez e hicieron preguntas sobre esta diligencia.
¿Qué es el caso 04 de la JEP?
A través del auto No.040 del 11 de septiembre de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP abrió el caso 04, conocido como “Situación territorial de la región de Urabá”.
Este caso cubre los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia; y el Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó.
Para priorizar este caso, la JEP se basó en los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las organizaciones sociales como la Corporación Reiniciar y el Cinep. En la región de Urabá, según información entregada a la JEP, se registran 3.523 casos de hechos victimizantes, entre los que se destacan masacres, desapariciones forzadas, apropiación ilegal de tierras, violencia basada en género y violencia sexual.
