La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los gobernadores de Risaralda y Chocó para aumentar el pie de fuerza y la seguridad. Esto tras confirmar el reclutamiento de menores de edad por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Aunque el órgano constitucional no ha entregado cifras de los reclutados, sí confirmó que el grupo ilegal los está integrando a sus filas. Lo anterior, por medio de montos de dinero a quienes les faciliten el trabajo y amenazas a las familias que se opongan. El Ministerio Público ya ha emitido algunas alertas tempranas con respecto a ambos municipios.
A pesar de las repetidas denuncias por parte de voceros del Movimiento Nacional de Víctimas en Risaralda, como las de Eisenhoward Dejanón Zapata, y las alertas constantes de la defensora del pueblo local, Elsa Gladys Cifuentes, la situación lejos de apaciguarse, ha ido escalando. La presencia del ELN en la zona limítrofe de los departamentos está en aumento.
“En estas alertas tempranas se anuncia la situación de riesgo por posible reclutamiento de menores, además de toda la problemática que se tiene en la zona limítrofe con el departamento del Chocó en materia de orden público. Por esto hemos pedido reforzar la seguridad en la zona y que se establezca contacto de forma inmediata entre los gobernadores de ambos departamentos”, dijo Cifuentes.
Cómo acción inmediata, la Defensoría del Pueblo espera que la administración departamental cite al primer consejo de seguridad para brindar soluciones. La iniciativa radica en minimizar la violación de los derechos de los menores, así como encontrar una alternativa que permita ponerle fin al conflicto que, por tantos años, ha afectado al territorio colombiano.
