El documento da cuenta de un ‘plan criminal’ entre agentes del estado y empresarios para llevar a cabo conductas asociadas al desplazamiento forzado. Desde la década de los 80, según los denunciantes, en la región murieron más de 200 personas y otro medio millón debió desplazarse. .
En el Parque de Los Encuentros, en Apartadó (Antioquia), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación Forjando Futuros presentaron dos extensos informes que bien se pueden resumir en una frase: así fueron las dos décadas de impunidad y violencia en Urabá que no queremos repetir jamás.
La frase es de Marta Peña, del IPC, quien expuso además una macabra cifra: entre 1996 y 1997, la usurpación del territorio pasó por el asesinato de 226 líderes sociales. También, dijo, más de 2 mil personas desaparecieron sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.
La líder aseguró que a través del paramilitarismo las comunidades fueron obligadas a dejar el territorio finalizando la década de los 90 y después, siguió relatando, empezó a llegar el empresariado a materializar el despojo, un modelo nada improvisado “Todo esto fue dentro de un plan criminal en el que participó el estado colombiano. Usaron el mecanismo de las Convivir”, dijo la vocera.
El informe, que fue construido en parte con testimonios de habitantes, sentencias judiciales y otros documentos sobre derechos humanos, sentencia que hasta el año 2002 las tierras abandonadas por las comunidades campesinas, afros e indígenas fueron aseguradas militarmente para desarrollar proyectos económicos a gran escala. Durante el año 2006, dice el informe, el control armado del territorio se consolidó y agronegocios como palma, ganadería y banano se expandieron.
Desde entonces, sentencia el documento, ha venido ocurriendo una revictimización de las comunidades y se ha instaurado la impunidad para proteger el modelo económico que predomina en la región.
Por: SEMANA RURAL.
