Los líderes del Consejo Comunitario de la cuenca de los Ríos de la Larga y Tumaradó rechazaron enfáticamente los hechos de judicialización que se vienen adelantando contra los líderes reclamantes de sus derechos territoriales y víctimas del conflicto armado, especialmente por lo sucedido en la comunidad de guacamayas perteneciente a la zona II de dicho Consejo Comunitario.
Las personas que fueron capturados la madrugada del 27 de noviembre y quienes según lo afirmado por líderes de la región son ampliamente reconocidos por los habitantes del territorio colectivo como líderes sociales son: Víctor Manuel Correa presidente del concejo local, Julio Correa, Omar Quintana, Sandra Medrano, Fredy Correa, Saulo David y Rosembert Ibáñez.
“La presente situación puede ocasionar un desplazamiento de más de dos mil familias reclamantes de tierras que se encuentran al interior del territorio colectivo de la Larga y Tumaradó, por lo tanto, le hacemos un llamado a las instituciones garantes y veedores de los derechos humanos de la población víctima del conflicto armado, a que brinde un mejor acompañamiento a dichas familias para que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Por lo cual reiteramos por medio del presente comunicado la pronta libertad y la garantía del debido proceso a estos líderes” Dice mediante comunicado PABLO ANTONIO LÓPEZ MORENO Representante Legal Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó (COCOLATU).
De Víctimas a victimarios de quienes pretenden despojarlos de sus tierras.
Según Juan Meneces, líder social y defensor de DD.HH. que ha acompañado el proceso de restitución, esta captura masiva es consecuencia de una contra demanda de quienes, en aquel entonces y fruto del despojo, adquirieron los terrenos de forma irregular, «los victimarios colocaron denuncias justificando que en el momento en que los dueños legítimos de las tierras ingresaron fue sin el acompañamiento de la institucionalidad», explica.
Tras la captura de Tito, relata Julio César León, el líder fue trasladado hasta Turbo donde permanece sin que la comunidad tenga mayor información de él o los otros líderes, quienes ya habían sido beneficiarios de restitución de tierras de forma legal. «Están secuestrados, no sabemos qué es la vida de estos compañeros, no sabemos qué está pasando ni siquiera sabemos si fue realmente la Policía quien los capturó», agrega Meneces.
Con relación a la forma en que fueron capturados, los líderes reclamantes de tierras agregan que la Policía les detuvo bajo el cargo de concierto para delinquir y contactando a las familias exigiendo datos personales y relatando información falsa para poder acceder a ubicar a los líderes a través de sus familias.
Debido a las capturas masivas realizadas en contra de los reclamantes, otros líderes permanecen escondidos, ante la forma irregular en que se han efectuado los procedimientos, razón por la cual las comunidades están exigiendo asesoría jurídica e intervención de la Defensoría del Pueblo para que se pueda esclarecer la situación y los legítimos dueños de las tierras de 1.542 hectáreas puedan regresar a sus viviendas con garantías de seguridad.
