La Procuraduría General de la Nación se solidariza con el pueblo Nasa, sus autoridades, la guardia indígena y las familias de las víctimas de la masacre de Tacueyó, Cauca, y demanda de las autoridades nacionales acciones urgentes que permitan identificar, capturar y judicializar a los autores de los crímenes de la gobernadora Neehwe’sx Cristina Bautista, y los guardias indígenas Asdruval Cayapu, Eliodoro Inscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto.
Así mismo, pide protección especial para Matías Montaño Noscué, José Norman Montaño Noscué, Crescencio Peteche Mensa y Dora Rut Mesa Peteche, quienes sobrevivieron al ataque contra la comunidad Nasa asentada en el corregimiento de Tacueyo, municipio de Toribio, Cauca.
La Procuraduría lamenta la falta de reacción rápida y oportuna para atender y evacuar a centros médicos especializados de Cauca y el Valle del Cauca, a los cuatro sobrevivientes de la masacre de Tacueyó, requiere de las autoridades una explicación e insta a establecer protocolos para responder con eficacia frente a este tipo de situaciones de emergencia.
El Ministerio Público lamenta que hechos tan graves como los de Tacueyó hagan parte de la cadena de atentados y homicidios de que han sido víctimas líderes de los pueblos étnicos en el país, particularmente en el departamento del Cauca, sobre los cuales se han emitido alertas que no han sido atendidas por las autoridades, con la celeridad que exige la protección del derecho a la vida.
El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, anunció la convocatoria en las primeras semanas de noviembre de un gran diálogo sobre el norte del Cauca, con presencia especial de comunidades indígenas, afro, campesinos y representantes del sector empresarial y el gobierno.
El ente de control reitera el llamado a que se adopten medidas que permitan anticiparse a la ocurrencia de situaciones que ponen en riesgo de vulneración los DDHH, y disuadan a los actores armados que hacen presencia en los territorios étnicos. Así mismo, la puesta en marcha de acciones que promuevan los planes de vida de las comunidades en los territorios.
La Procuraduría ratifica la necesidad de fortalecer los mecanismos de autoprotección adoptados por los pueblos étnicos, e invita al gobierno a concertar con las autoridades indígenas acciones de prevención y protección colectiva en el marco de su autonomía, garantizando la convivencia pacífica y armoniosa de los actores en el territorio.
Finalmente, considera necesario avanzar en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como estrategia para consolidar la convivencia y desarrollo en los territorios étnicos, y lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de sus integrantes.
