Varias familias confinadas en el Medio y Bajo Atrato encuentran en la siembra tradicional y huertas comunitarias una estrategia de protección y seguridad alimentaria para la pervivencia en los territorios.
En el Medio y Bajo Atrato Chocoano la nueva configuración del conflicto armado ha generado la disputa territorial entre el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se enfrentan por controlar territorios ocupados por las extintas Farc y que eran empleados para el tráfico de economías ilícitas en un posible corredor estratégico que conecta el occidente del país con la frontera colombo-venezolana. Esta nueva dinámica del conflicto armado trae altos riesgos para la población civil como enfrentamientos entre actores armados, restricción a la movilidad, advertencia de minas en el territorio y amenazas contra autoridades y líderes étnico. Cientas de familias afrodescendientes e indígenas en los ríos de Napipí y Opogadó, municipio de Bojayá, sufren el desplazamiento y confinamiento en carne propia.
Según cifras de OCHA Colombia, entre enero y agosto de 2019 el departamento registró un total de 18.504 víctimas. El 90% de los casos corresponden a confinamientos y restricciones a la movilidad, y el 10% restante a desplazamientos masivos. Estas emergencias humanitarias son atribuidas en su mayoría a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, y a su vez, por combates entre la Fuerza Pública y dichas estructuras. El control territorial de los actores armados lo ejercen con presencia en las cabeceras de los ríos y la siembra de minas antipersonales alrededor de las comunidades. Sobre las cuencas y caseríos ribereños se ha denunciado la presencia de las AGC, y sobre los ríos, la presencia del ELN. “Estamos confinados en las mismas comunidades, ya no podemos salir a coger un plátano por miedo de encontrarnos a cualquier actor armado, o caer en una mina quiebrapatas”, afirmó un habitante de la región, que por seguridad no se revelará su identidad.
El Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional menciona la protección de los pueblos indígenas desplazados, viéndolo como un posible “Riesgo de exterminio de pueblos indígenas por desplazamiento o muerte natural o violenta de sus integrantes”, y 10 años después el Chocó sigue viviendo el flagelo de la guerra por causa de la confrontación armada. La resistencia en el territorio de las comunidades y la defensa de la tierra, ha hecho que muchos líderes y lideresas abandonen la región por temor a ser asesinados. El conflicto armado fragmenta los procesos organizativos de comunidades en riesgo, y ese un debilitamiento organizativo -causado también por la falta de presencia estatal-, trae consecuencias como la falta de consolidación de procesos de desarrollo, donde muchas veces las familias resultan apostándole a lo ilícito.
Hacia las cuencas del Río Jiguamiandó, tanto el ELN como las AGC, han reunido a las comunidades -incluyendo las Zonas Humanitarias de Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo-, para informar sobre su presencia en el territorio. A su vez alertaron que en algunas zonas de las cuencas y muy cerca de los caseríos, han sembrado minas antipersonales y han dejado trampas explosivas. El poco abastecimiento de alimentos y la afectación en los procesos económicos de las mismas familias han aumentado el nivel de pobreza en la región. Los procesos socioeconómicos como las siembras para el autosostenimiento -no para la comercialización-, también se han visto afectados por la presencia armada de estas organizaciones.
Siembras comunitarias y huertas familiares, apuesta por la seguridad alimentaria
Muchas de estas comunidades han perdido la capacidad productiva de cultivos tradicionales como el plátano, el maíz, la caña, y la yuca, por el control de territorios colectivos que quieren apropiarse los actores armados. La Federación Luterana Mundial, con una presencia por más de 10 años en el departamento Chocoano, decidió junto a la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), acompañar a las comunidades más afectadas por desplazamientos y confinamientos en la región, implementando acciones para garantizar la seguridad alimentaria, promoviendo siembras comunitarias y el establecimiento de huertas familiares. También se brindó apoyo técnico para el fortalecimiento de mecanismos de protección comunitarios al promover encuentros para la evaluación del riesgo y el análisis de los reglamentos interno de cada una de sus comunidades.
Las comunidades le apostaron a las siembras tradicionales y a las huertas comunitarias dentro de los mismos caseríos, como un mecanismo para mitigar los impactos negativos en futuros confinamientos por enfrentamientos armados, y por el aumento de minas antipersonales en la zona. Estas intervenciones han servido para que al interior de las mismas comunidades se hagan transferencias de conocimiento de los líderes hacia sus comunidades, por ejemplo, se usan residuos orgánicos que permitan controlar las plagas de los cultivos en lugar de utilizar químicos que contaminen el agua causando enfermedades.
Las familias resilientes que luchan para pervivir en el territorio fortaleciendo sus capacidades merecen ser reconocidas. El conflicto armado no es el único problema que enfrentan: hay contaminación por las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito, hay aumento de paludismo y la desnutrición en niños, y el alto costo del combustible para hacer recorridos de ocho horas por río para llegar a un centro médico en Vigía del Fuerte o Bellavista, hace que las condiciones empeoren. El llamado que hacen las comunidades del Medio y Bajo Atrato en el Chocó es aumentar la presencia en la región para mitigar y reducir las violaciones a los derechos humanos.
Vía: El Espectador
