Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional dispuso que todos los operativos de recuperación del espacio público sean informados previamente a la entidad y a las personerías, para que los mismos tengan acompañamiento del Ministerio Público.
Así mismo, determinó que todos los procedimientos que tengan relación con el desalojo de vendedores informales estarán a cargo del comandante de la unidad policial respectiva, por su experiencia y jerarquía para la adopción de decisiones antes y durante las diligencias.
La disposición, adoptada mediante instructivo enviado a todos los departamentos de Policía del país, se origina en la solicitud de la Procuraduría para garantizar el respeto de los derechos de los vendedores informales para ser registrados, censados y reubicados en sitios donde tengan la posibilidad de ofrecer sus productos, así como para velar por el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos.
Desde hace varios meses la Procuraduría instaló una mesa de trabajo para hacer seguimiento al tema de los vendedores informales y la recuperación del espacio público, en la que intervienen además la Personería Distrital de Bogotá y la Coordinación de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía Nacional.
En principio esta metodología de trabajo se aplicará en Bogotá como plan piloto, y en los próximos meses se extenderá a otras ciudades del país.
