El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, anunció que la entidad realiza un seguimiento a la emergencia humanitaria que se registra desde la última semana de febrero en el departamento de Chocó.
“Desde la última semana de febrero de 2019, en estos municipios se ha recrudecido la disputa territorial entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, situación que ha derivado en enfrentamientos continuos entre estos dos bandos. Como consecuencia de estos hechos se reportan múltiples afectaciones sobre la población que habitan en estas zonas. La entidad se encuentra haciendo el seguimiento a la situación con el fin de conocer de primera mano las afectaciones de la población y así, coordinar las intervenciones que sean necesarias”, aseguró.
Agregó que para el caso de Bojayá, desde el 28 de febrero, se tiene conocimiento sobre la ocurrencia de enfrentamientos entre Clan Golfo e integrantes de la guerrilla del ELN sobre la cuenca del río Opogadó. Esta situación ha afectado a las comunidades indígenas Playita, Villa Hermosa, Egoroquera y Unión Baquiaza y la comunidad afrocolombiana Mesopotamia. Hasta el momento 221 familias aproximadamente enfrentan restricciones a la movilidad.
Rodríguez explicó que ante la imposibilidad de ingresar a las zonas afectadas, especialmente en la cuenca del Río Opogadó, por las condiciones de seguridad, se avanzó desde la Unidad para las Víctimas, en la coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) logrando un acuerdo en materia de acompañamiento a las familias de las comunidades Playita, Villa Hermosa, Egoroquera y Unión Baquiaza para la entrega de alimentos.
Además, dijo “en caso de reportarse un desplazamiento masivo, tenemos previsto que desde la ciudad de Quibdó se envíen a Bojayá kits de albergue. Igualmente, se tiene la posibilidad de habilitar la casa comunitaria del corregimiento La Loma como albergue temporal en caso que lleguen familias desde la zona en riesgo”.
La misma situación que se ha registrado en Bojayá se extiende a las cuencas de los ríos Juguamiandó y a subcuencas del río Atrato en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién.
El director de la entidad indicó que “en el caso del Carmen del Darién, se identifican en mayor riesgo las cuencas del río Domingodó y del río Jiguamiandó. Las comunidades afirman que se han registrado 8 muertes de menores de edad provocadas por la imposibilidad de acceder a atención médica en la zona de enfrentamientos y por la presencia permanente de los dos actores. Las causas presuntas de estas muertes son malaria- paludismo, brotes de infecciones y fiebres altas”.
En el caso de Riosucio se ha identificado que las zonas en mayor riesgo corresponden a la cuenca del río Truandó y del río Salaquí.
Para el caso de estos dos últimos municipios, desde la Unidad para las Víctimas se mantiene el seguimiento a la evolución de las situaciones humanitarias y se espera participar en escenarios de coordinación para definir las intervenciones requeridas por la población afectada.
